La noche del 29 de abril de 2021, los teléfonos móviles de todo Puerto Rico sonaron al unísono. Por primera vez se activaba una Alerta Rosa, el sistema creado para difundir de forma inmediata la desaparición de una mujer en circunstancias sospechosas. La breve notificación indicaba que la Policía buscaba a una joven de 27 años, residente de San Juan, de cabello largo y rubio. Era Keishla Rodríguez Ortiz, a quien su familia llevaba horas intentando localizar desde que no se presentó a su trabajo como encargada de aseo de perros.
Su desaparición conmovió al país y, días después, su asesinato estremeció a toda la isla. El caso de Keishla, junto con el feminicidio de Andrea Ruiz Costas, ocurrido ese mismo año, visibilizó de forma contundente la violencia machista y la necesidad de reformar los mecanismos de protección a las víctimas.
Cinco años después, los feminicidios de Andrea y Keishla siguen siendo una herida abierta en el debate público. Aquel 2021 impulsó cambios en políticas de seguridad, en la capacitación de agentes de la Policía y en la aplicación de órdenes de protección. También motivó la revisión de protocolos de manejo de casos de desaparición y violencia doméstica. Sin embargo, familiares de víctimas y organizaciones feministas advierten que aún falta mucho por hacer: persisten brechas en las investigaciones, falta de recursos y una respuesta gubernamental que, aseguran, sigue siendo lenta frente a nuevas desapariciones.
En Puerto Rico, la memoria de Andrea y Keishla continúa recordando la urgencia de garantizar justicia y de fortalecer la prevención de la violencia de género, mientras otras familias siguen esperando respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos.
