The Associated Press investigó las muertes de más de 60 personas tras una serie de ataques del ejército de Estados Unidos a embarcaciones que, según el gobierno de Donald Trump, trasladaban drogas hacia América y eran operadas por narcoterroristas. Sin embargo, entrevistas con familiares y vecinos en las costas de Venezuela revelan una realidad más matizada: la mayoría eran trabajadores pobres que participaron en los viajes por necesidad económica, no líderes del crimen organizado.
Los ataques comenzaron en septiembre y han destruido 17 barcos, nueve de ellos en el Caribe. Entre los fallecidos hay pescadores, conductores, pequeños delincuentes y exmilitares. Tres embarcaciones habían partido de Venezuela. El gobierno de Trump sostiene que todos eran combatientes ilegales de los cárteles y que cada ataque salvó miles de vidas estadounidenses. El Pentágono respalda esa posición. Pero la investigación de AP muestra que los barcos llevaban cocaína, no los opioides que causan la mayoría de las sobredosis en Estados Unidos.
En pueblos costeros del estado Sucre, familiares identificaron a varios de los muertos: Robert Sánchez, pescador de Güiria que se sumó a un viaje para ganar dinero y comprar su propio motor; Luis “Che” Martínez, jefe criminal local que murió en el primer ataque; Dushak Milovcic, ex cadete militar de 24 años; y Juan Carlos “El Guaramero” Fuentes, exconductor de autobús en dificultades. Los pobladores reconocen que algunos traficaban drogas, pero niegan que fueran miembros de cárteles internacionales. Señalan que eran hombres pobres empujados al contrabando por la falta de empleo y las promesas incumplidas del gobierno de Nicolás Maduro.
Familiares y testigos dijeron a AP que los cuerpos rara vez fueron entregados y que las autoridades venezolanas han limitado la información. Temen represalias de los narcotraficantes o de ambos gobiernos. Desde la ONU, el embajador venezolano calificó los ataques de Washington como “ejecuciones extrajudiciales”. El Departamento de Justicia estadounidense, por su parte, mantiene la presión sobre Maduro, ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por su arresto.
Los residentes entrevistados coinciden en que los hombres ganaban apenas lo suficiente para sobrevivir y que en el pasado habrían sido llevados ante la justicia, no bombardeados en el mar. “El gobierno de Estados Unidos debería haberlos detenido”, dijo un familiar. Otros, resignados, solo piden saber qué ocurrió realmente con sus seres queridos.
