La Cámara de Representantes se dispone a votar un proyecto de ley que devolvería a la Asamblea Legislativa la autoridad para fijar el salario mínimo en Puerto Rico. La medida, impulsada por el representante Roberto López Román, enfrenta fuerte oposición de organizaciones sindicales y legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), quienes advierten que representa un retroceso para la clase trabajadora.
El Proyecto de la Cámara 1115 derogaría la Ley 47-2021, que creó la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo y colocó bajo el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) la determinación de futuros ajustes salariales. Según López Román, la Comisión no ha funcionado plenamente ni refleja adecuadamente a todos los sectores interesados. De sus siete miembros, dos representan a los trabajadores, dos a los patronos, dos a los economistas y uno al interés público.
El portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago, criticó fuertemente la medida y calificó el proyecto como una rendición ante los grandes intereses. “Es un retroceso para el trabajador puertorriqueño”, dijo, y argumentó que eliminar la Ley 47 es inconstitucional. Recordó además que, antes de la implementación de dicha ley, el país estuvo 13 años sin ajustes salariales.
La Ley de Salario Mínimo dispuso aumentos escalonados: $8.50 la hora desde enero de 2022, $9.50 en julio de 2023 y $10.50 en julio de 2024, este último sujeto a la evaluación de la Comisión.
El Departamento del Trabajo y sectores empresariales respaldaron el nuevo proyecto, alegando que la actual Comisión Evaluadora carece de representación equitativa y de funcionarios electos. La Comisión del Trabajo de la Cámara, por su parte, concluyó que la estructura vigente “ha fallado en integrar de manera equitativa la realidad fiscal de los comercios locales”.
Por el contrario, sindicatos como la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Unión General de Trabajadores y la International Union–UAW rechazaron la medida mediante memoriales escritos. El economista Iyari Ríos González, miembro de la Comisión Evaluadora, advirtió que el proyecto devolvería al país a un modelo de inacción legislativa, afectando especialmente a empleados agrícolas y trabajadores por propina.
Ríos González destacó que la Comisión ha sido “el instrumento laboral más significativo de las últimas décadas”, con efectos positivos como un crecimiento del Producto Nacional Bruto de 5.4% entre 2021 y 2025.
“Acercándose el 1 de mayo, Día del Trabajador, le van a dar un cantazo a los trabajadores”, expresó el representante Domingo Torres, quien pidió al líder del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, que detenga la medida “por el bien del país”.
