La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico solicitó a la Comisión de Transportación del Senado que las hospederías, hoteles y paradores se incluyan entre las áreas donde quedaría prohibida la práctica del voceteo, según lo dispone el Proyecto de la Cámara 911.
Durante una vista pública, Clarisa Jiménez, presidenta de la organización, afirmó que el voceteo afecta la experiencia de los visitantes y genera ruido excesivo en zonas turísticas. El proyecto, de la autoría del representante José “Pichy” Torres Zamora, prohíbe el voceteo todo el día cerca de escuelas, universidades, centros de cuido, hogares de cuidado prolongado y hospitales, y entre la medianoche y las seis de la mañana en otros lugares.
El presidente de la comisión senatorial, Héctor Joaquín Sánchez, señaló que evaluarán la definición del término “voceteo”, por considerarla demasiado amplia y posiblemente inconstitucional. De acuerdo con el proyecto, esta práctica consiste en operar un vehículo o motocicleta con un sistema de sonido modificado o alterado para aumentar su alcance fuera del vehículo.
Aunque varios municipios han aprobado ordenanzas para controlar el voceteo, la Asociación de Alcaldes indicó que persiste el problema, sobre todo en horas nocturnas. Su director ejecutivo, Ángel Morales, resaltó que la medida no sustituye la jurisdicción municipal, sino que establece un marco uniforme a nivel estatal.
La Asociación, vinculada al Partido Popular Democrático, propuso establecer sanciones escalonadas, permitir la confiscación de equipos de sonido y fortalecer la coordinación entre la Policía estatal y las municipales.
El PC 911 establece una multa fija de $1,500 por infracción. Del dinero recaudado, un 30% se destinaría al municipio donde ocurra la violación y el 70% a la Policía estatal. Sin embargo, Sánchez indicó que las multas “no están siendo un disuasivo” y sugirió evaluar otras alternativas para cambiar la conducta.
La Compañía de Turismo también expresó reservas sobre la definición del concepto e instó a incluir lenguaje que evite que se interprete como una prohibición total de actividades culturales o recreativas autorizadas. Su directora, Wilianette Robles, recomendó balancear el orden público con el desarrollo económico, especialmente en sectores turístico y cultural.
Por su parte, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, cuestionó el alcance de la definición al señalar que podría abarcar desde la “guagüita de las donas” hasta manifestaciones o anuncios callejeros.
Sánchez adelantó que próximamente presentará un informe final con las recomendaciones sobre el proyecto de ley.
