En medio de la disputa por el acceso a su información contributiva, el exsecretario del Departamento de Justicia, Antonio Sagardía de Jesús, presentó una moción suplementaria ante el Tribunal de Apelaciones en la que denuncia una violación al debido proceso de ley y exige su derecho a ser escuchado.
La moción fue radicada la noche del miércoles, poco después de que el Senado defendiera en un escrito de 60 páginas su autoridad constitucional de fiscalización. El cuerpo legislativo pidió confirmar una orden del Tribunal de Primera Instancia que obliga al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, a entregar la información contributiva de Sagardía, quien también es contratista del gobierno.
El Senado, encabezado por su presidente Thomas Rivera Schatz, argumentó que permitir que el Ejecutivo decida qué información entregar “equivale a convertir la fiscalización legislativa en un ejercicio condicionado, discrecional y, en última instancia, inefectivo”. Además, insistió en que no se trataba de una invasión a la privacidad, sino de revisar el uso de fondos públicos.
Sagardía, sin embargo, utilizó esa admisión como base de su planteamiento, alegando que fue excluido de un proceso en el que, según él, debía participar. En su escrito de 12 páginas, sostuvo que “esa admisión constituye la confesión del agravio que este recurso viene a remediar”. Añadió que su moción busca “restituir al contribuyente a la condición jurídica que le correspondía desde el primer día: la de ser escuchado antes de que sus derechos constitucionales fueran adjudicados”.
El abogado también cuestionó que el Senado haya hecho alegaciones sobre su conducta y posibles implicaciones disciplinarias sin permitirle comparecer. Rechazó el argumento de que su rol como contratista reduce su expectativa de intimidad y afirmó que “la Constitución de Puerto Rico no conoce ciudadanos de segunda clase”.
Sagardía advirtió que permitir que el caso continúe sin su participación podría afectar su reputación y derechos sin darle oportunidad de defenderse. Por ello, solicitó al Tribunal de Apelaciones que le permita intervenir formalmente, presentar sus argumentos y que toda determinación sobre sus derechos se adopte con su presencia. También pidió un plazo de 72 horas para responder al escrito del Senado.
La moción suplementaria se suma a una moción urgente de reconsideración radicada anteriormente, en la que Sagardía solicitó al foro apelativo reevaluar la decisión de no permitir su comparecencia especial. Hasta el momento, el Tribunal de Apelaciones no se ha pronunciado sobre sus reclamos.
La investigación del Senado gira en torno a señalamientos de que Sagardía habría subcontratado servicios para los cuales fue contratado por el gobierno. Rivera Schatz indicó a inicios de semana haber recibido información sobre presuntas enmiendas a las declaraciones informativas del exsecretario ante Hacienda.
