La Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes aprobó un informe positivo y varias enmiendas al Proyecto de la Cámara (PC) 1115, que busca devolver a la Asamblea Legislativa la autoridad para regular el salario mínimo en Puerto Rico. El trámite ocurrió mientras organizaciones sociales y sindicales reiteraban su oposición a la medida.
El PC 1115 propone derogar la Ley 47-2021 y eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. De aprobarse, se convertiría en la “Ley para regular el Salario Mínimo en Puerto Rico”. Según el informe legislativo, este cambio reconoce que es la propia Asamblea Legislativa, y no entidades delegadas, la que debe asumir la responsabilidad sobre la política salarial del país, eliminando así organismos que implican una “carga presupuestaria adicional”.
El texto revisado establece que la Asamblea retiene su facultad para legislar el salario mínimo, considerando factores como el mínimo federal, el costo de vida, las condiciones económicas y de empleo. Sin embargo, elimina la obligación de revisar el salario cada cuatro años. También establece que el salario se mantendría en $10.50 por hora y prevalecería el mínimo estatal si supera al federal.
Además, la ley no aplicaría a empleados federales, estatales, municipales ni a trabajadores cubiertos por convenios colectivos con un salario igual o superior. Entre las enmiendas se incluyen penalidades de entre $500 y $5,000 por incumplimiento y hasta $10,000 en casos de reincidencia, junto con un proceso de reclamaciones laborales con un término de cinco años.
El economista Iyari Ríos González, representante de los trabajadores en la Comisión Evaluadora, rechazó el proyecto al considerar que los argumentos “no se sostienen con la evidencia disponible”. Denunció que la Comisión Evaluadora no fue invitada a presentar su posición durante la única vista pública, dirigida por el representante Roberto López Román, autor de la medida.
José Rodríguez Vélez, portavoz del Movimiento Solidario Sindical, afirmó que el PC 1115 “no es una reforma, es un secuestro de la justicia salarial”, mientras Ríos González defendió la vigencia de la Ley 47-2021, asegurando que su implementación ha coincidido con crecimiento económico, aumento del empleo y reducción de la pobreza.
El lunes, el liderato del Partido Popular Democrático pidió detener el proceso para una evaluación más amplia, recordando que la Ley 47 tomó meses de análisis. El portavoz PPD, Héctor Ferrer Santiago, cuestionó que el Partido Nuevo Progresista impulse esta medida en lugar de enfocarse en alivios contributivos o en reducir el costo de vida: “Se aprestan a aprobar legislación para eliminar la oportunidad de los trabajadores de tener un salario digno y devolverlo a las manos de los políticos”.
Hasta el miércoles, López Román no respondió llamadas de El Nuevo Día para reaccionar.
