El Senado acudió este miércoles ante el Tribunal de Apelaciones para defender su facultad de fiscalización y solicitar que se mantenga firme la orden del Tribunal de Primera Instancia que obliga al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, a entregar información contributiva relacionada con el exsecretario del Departamento de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía.
A través de un escrito de 60 páginas, firmado por su presidente Thomas Rivera Schatz, el cuerpo legislativo planteó que negar la solicitud de información “equivale a convertir la fiscalización legislativa en un ejercicio condicionado, discrecional y, en última instancia, inefectivo”. El documento, sometido minutos antes del vencimiento del plazo ante el foro apelativo, señala que “el Ejecutivo pretende decidir qué puede investigar el Legislativo”, lo que el Senado calificó como “una usurpación constitucional”.
En el texto, el Senado argumentó que su petición “no es una inquisición, sino fiscalización básica y el ejercicio de la función más fundamental que tiene el Senado: legislar”. Añadió que la investigación no busca indagar en la vida privada de un ciudadano, sino examinar el uso de fondos públicos.
El martes por la noche, Sagardía presentó una moción urgente al Apelativo para que reconsiderara su negativa a atender una comparecencia especial en apoyo al recurso presentado por el gobierno, que intenta impedir la entrega de los datos al Senado. Ese mismo día, el Tribunal de Apelaciones acogió una solicitud del Ejecutivo para suspender la orden de la jueza superior Iris Cancio González, que mandaba a Hacienda entregar la información requerida, y concedió al Senado hasta el miércoles a las 5:00 p.m. para responder.
La posición del Ejecutivo ha sido oponerse a la entrega de los documentos, alegando que hacerlo podría vulnerar derechos de terceros y exponer información confidencial protegida por la Constitución. El Senado, sin embargo, reivindica su poder constitucional para investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos.
En su argumentación, el Senado rechazó tres premisas que, a su juicio, son “erróneas y peligrosas”: que el cuerpo legislativo deba justificar los motivos de su investigación; que un contratista del gobierno pueda invocar una confidencialidad absoluta sobre el uso de fondos públicos; y que deba notificarse al contratista sobre la petición de información. Insistió en que lo solicitado no incluye planillas, ingresos o estados bancarios, sino registros que permitan verificar cumplimiento, trazabilidad y transparencia.
“El poder de investigar es inherente al poder de legislar”, advierte el escrito, “por lo que exigirle al Senado que lo haga en la oscuridad es vaciar de contenido su función constitucional”. Además, reitera que “la confidencialidad no puede convertirse en refugio de la opacidad” ni proteger el uso indebido de fondos públicos. “Aquí no se está preguntando cuánto ganó el contratista; se está preguntando si cumplió con la ley”, puntualiza el texto.
Los señalamientos contra Sagardía apuntan a que habría subcontratado con terceros los servicios por los que fue contratado por el gobierno. El Senado busca determinar si esas transacciones ocurrieron, si eran válidas según el contrato y si constan en los registros contributivos. Rivera Schatz indicó haber recibido información sobre posibles enmiendas en las declaraciones informativas de Sagardía en Hacienda.
“Es imperativo que se faciliten estos registros de inmediato; solo así podrá garantizarse al pueblo que los contratos gubernamentales se ejecutan con la honestidad y la claridad que la ley exige”, concluye el documento legislativo.
