El exsecretario de Justicia y contratista del gobierno, Antonio Sagardía, acudió al Tribunal de Apelaciones para solicitar que dicho foro reconsidere su decisión de no atender la “comparecencia especial” que presentó en respaldo al recurso del gobierno, el cual busca impedir que el Senado acceda a información sobre su responsabilidad contributiva.
“Se solicita la reinstalación plena de la comparecencia especial al expediente apelativo y su consideración integral para la adjudicación de los méritos del presente certiorari. Lo anterior, en aras de garantizar el debido proceso de ley en todas sus vertientes y evitar así un craso fracaso de la justicia”, señala la moción de reconsideración sometida por Sagardía.
El recurso se presentó la noche del martes, pocas horas después de que un panel de cuatro jueces del Tribunal de Apelaciones acogiera la solicitud del Estado para paralizar la orden de la jueza superior Iris Cancio González, que obligaba al Departamento de Hacienda a entregar la información contributiva del exsecretario.
En esa resolución, el Tribunal Apelativo dispuso que la comparecencia especial de Sagardía se diera por “no puesta”, al amparo del Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura (Ley 103-2003), que establece los límites de revisión de los foros apelativos. Argumentó que estos tribunales no pueden evaluar asuntos que no fueron presentados o evaluados previamente por el tribunal de instancia.
La defensa de Sagardía, encabezada por el licenciado José Ignacio Rodrigo, insistió en que su cliente no fue emplazado en el pleito ni se le citó para mostrar causa. “No tuvo oportunidad de presentar oposición, de contrainterrogar, de ofrecer prueba, ni de hacerse oír en ningún momento, forma o manera ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual es una violación crasa del debido proceso de ley”, sostuvo el abogado.
El Senado tiene hasta este miércoles, a las 5:00 p.m., para presentar sus argumentos sobre la paralización ordenada por el foro apelativo.
El lunes, el gobierno de Jenniffer González acudió también al Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación del dictamen que obligaba al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, a entregar la información contributiva de Sagardía. Alegó que la petición del Senado “no especifica el propósito ni la necesidad” de los datos solicitados.
El Ejecutivo ha objetado la entrega de los documentos, planteando que divulgar esa información vulneraría derechos de terceros y revelaría datos confidenciales y constitucionalmente protegidos. Por su parte, el Senado ha defendido su poder constitucional de investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos.
El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, ha negado que exista algún “ánimo prevenido”, y ha asegurado que la solicitud surgió tras recibir información confidencial. La investigación legislativa apunta a que Sagardía habría subcontratado con terceros los servicios comprometidos con el gobierno, y el Alto Cuerpo procura determinar si tales transacciones están permitidas por contrato y si se reflejan en sus informes contributivos. Rivera Schatz dijo haber recibido datos sobre posibles enmiendas a las declaraciones informativas del contratista en el Departamento de Hacienda.
