El exsecretario del Departamento de Justicia y contratista del gobierno, Antonio Sagardía, presentó una solicitud ante el Tribunal de Apelaciones para impedir que el Senado acceda a su información contributiva. La gestión se suma a la realizada por la administración de Jenniffer González un día antes, con el mismo propósito.
En una “comparecencia especial” desde Madrid, España, Sagardía pidió la revocación de la orden emitida por la jueza superior Iris Cancio González, al considerar que la decisión se dictó sin el debido proceso, sin el vehículo estatutario adecuado y excediendo los límites constitucionales del poder investigativo legislativo.
Sagardía argumentó que nunca fue notificado ni escuchado en el caso ante el Tribunal de Primera Instancia y calificó la Petición de Información 2026-0035 del Senado como incompatible con una investigación “de buena fe y coherente”. En su recurso, señaló que el oficio legislativo no identifica ningún proyecto de ley o propósito fiscalizador específico, lo que, a su juicio, demuestra la falta de fundamento del requerimiento.
Por su parte, el gobierno de Jenniffer González también solicitó al Apelativo la revocación del dictamen que obliga al Departamento de Hacienda a divulgar la información contributiva de Sagardía, alegando que la petición del Senado “no especifica el propósito ni la necesidad” de esos datos. Ambas partes sostienen que la solicitud resulta nula por no haber sido notificado el exsecretario.
El Senado, en cambio, defiende su facultad constitucional de investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos. El presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, rechazó cualquier ánimo de persecución y aseguró que el pedido responde a información confidencial recibida. “No estamos pidiendo información de su planilla, estamos pidiendo información de cumplimiento”, manifestó. Además, recordó que hasta el momento los tribunales han fallado a favor del Senado.
Las peticiones surgieron después de que Rivera Schatz y Sagardía sostuvieran por separado entrevistas radiales el 10 de marzo. En ellas, el presidente del Senado criticó el manejo gubernamental de la controversia que involucraba a la exsecretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, mientras Sagardía replicó recordándole su apoyo al exsenador Héctor Martínez, quien fue absuelto tras una convicción federal.
En su escrito ante el Apelativo, Sagardía advirtió que permitir que el poder investigativo legislativo se use como represalia “socavaría el orden democrático en su fuente”, y pidió que se deje sin efecto la resolución impugnada.
