Un juez de Estados Unidos podría ordenar este martes que Purdue Pharma, fabricante del analgésico OxyContin, entregue $225 millones al Departamento de Justicia, lo que allanaría el camino para cerrar miles de demandas relacionadas con la crisis de los opioides.
La sanción está contemplada en un acuerdo alcanzado en 2020 para resolver investigaciones federales civiles y penales. Si el tribunal da su aprobación, Purdue no enfrentará otras multas adicionales mientras cumple con los términos del pacto.
El acuerdo, aprobado por otro juez el año pasado y que podría entrar en vigor el 1 de mayo, también obliga a los integrantes de la familia Sackler, dueños de la farmacéutica, a aportar hasta $7,000 millones en 15 años. Los fondos se destinarán a gobiernos estatales, locales y tribales nativos americanos, así como a víctimas y sus familias.
Purdue se declaró culpable en 2020 de tres cargos penales federales, admitiendo que no contaba con un programa eficaz para evitar que sus poderosos analgésicos fueran desviados al mercado ilegal. La empresa también reconoció haber pagado a médicos y a una firma de historiales médicos electrónicos para promover recetas adicionales de opioides.
Aunque Purdue fabricó solo una fracción de los opioides vendidos en la década del 2000, su estrategia de mercadeo agresiva es vista como uno de los factores clave de la crisis. En un evento interno de 1996, Richard Sackler, entonces alto ejecutivo y posteriormente presidente de la compañía, exhortó a su equipo a generar una “ventisca de recetas”.
El gobierno acordó renunciar a $5,300 millones en decomisos y sanciones penales, y a $2,800 millones en responsabilidades civiles, al integrarlos al acuerdo global. Como parte de este arreglo, Purdue desaparecería y sería reemplazada por una nueva empresa, Knoa Pharma, que operará en beneficio público bajo supervisión estatal.
La familia Sackler, señalada por años como símbolo del lucro a costa de la salud pública, no enfrenta cargos criminales. Entre 2008 y 2018 recibieron $10,700 millones en pagos de Purdue, aunque hace años dejaron de recibir fondos y abandonaron sus cargos en la empresa. También aceptaron que sus nombres sean removidos de museos y otras instituciones que habían financiado.
Más de 54,000 personas con demandas por daños personales votaron a favor del acuerdo, y 218 en contra. No obstante, algunos familiares de víctimas sostienen que este pacto no hace justicia ante una crisis que ha provocado cerca de 900,000 muertes por sobredosis desde 1999.
Susan Ousterman, madre de Tyler Cordiero —quien murió a los 24 años en 2020 tras una sobredosis—, lidera un grupo de familias que presentará declaraciones ante el juez para pedir que se rechace el acuerdo. “No deberían entregar el dinero a los estados y municipios”, dijo, cuestionando el uso que los gobiernos han dado a los fondos destinados a combatir la epidemia. “No están utilizando ese dinero de forma eficaz”.
