El secretario designado del Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, viajó a Washington D.C. para reunirse con personal del Departamento de Vivienda federal (HUD) y expresar sus reservas sobre los nuevos reglamentos propuestos para los programas de vivienda subsidiada. La revisión contempla imponer límites a la duración de las ayudas y requerir 40 horas de trabajo semanales a los beneficiarios.
“Estamos de la mano con la Administración de Vivienda Pública (AVP) en este asunto. Yo hoy salgo hacia Washington también para adentrarnos en distintos temas que tiene HUD con el Departamento, y obviamente tocaremos este asunto. Nuestra posición es que esto no nos aplica”, dijo Martínez Román tras una vista sobre el presupuesto de su agencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
El funcionario se reunirá además con la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, y representantes de HUD. Aseguró que su prioridad es “la calidad de vida de los residenciales públicos y sus residentes” y que, por el momento, no anticipa cambios.
Los reglamentos que evalúa HUD también eliminarían la asistencia prorrateada para familias con algún miembro con estatus migratorio irregular y reducirían el tiempo mínimo de notificación para desahucios de 30 a cinco días. El administrador de la AVP, Juan Rosario Hernández, indicó que las medidas son discrecionales y que la política pública local es no adoptarlas. Afirmó que la AVP, catalogada como agencia de alto rendimiento, ya cumple con la mayoría de los parámetros sin afectar a las familias.
Durante la vista, el Departamento de la Vivienda presentó un presupuesto de $3,288,683,000 para el año fiscal 2026–2027, en su mayoría proveniente de fondos federales. Solicitó aumentar de $2,387,000 a $12.5 millones la asignación del Programa de Subsidios de Arrendamiento a Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos. Martínez Román explicó que la cantidad está dentro de los límites de la Ley 173-1996 y evitaría déficits operacionales. El representante Eddie Charbonier Chinea, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, expresó su disposición a identificar los fondos necesarios.
En cuanto a la AVP, Rosario Hernández detalló que su presupuesto recomendado asciende a $762,714,000, con un 99.2% proveniente de fondos federales, y que sus prioridades incluyen mejoras estructurales, pintura, adquisición de nuevas unidades y servicios a los residentes.
Por otra parte, Martínez Román reconoció la urgencia de aumentar la oferta de vivienda asequible. Indicó que el programa Continuum of Care, que busca ubicar a personas sin hogar en viviendas permanentes, mantiene una lista de espera y no ha podido adjudicar vales por falta de unidades disponibles. Señaló que el Departamento ha identificado unas 50,000 propiedades abandonadas o en desuso con potencial para convertirse en vivienda asequible, un plan que se desarrolla junto a los municipios.
“Estamos identificando si hay que actuar a nivel legislativo para facilitar los procesos. Es un asunto más de los municipios, pero vamos a darles la mano para agilizar”, expresó el secretario, quien además ya comenzó reuniones con senadores en el marco de la evaluación de su nombramiento.
