Washington — El gobierno de Donald Trump despidió a cuatro fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos involucrados en casos contra activistas antiaborto. La administración acusa al gobierno de Joe Biden de abusar de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas en las Clínicas, conocida como Ley FACE, diseñada para proteger a las clínicas de aborto de obstrucciones o amenazas.
Los despidos representan una nueva ola de ceses dentro del Departamento, dirigida a funcionarios que, según Trump, no eran lo suficientemente leales a su agenda. La acción se produjo justo antes de la publicación de un informe que señala presunta parcialidad del gobierno de Biden al procesar casos bajo la Ley FACE.
“El Departamento no tolerará un sistema de justicia de dos niveles”, afirmó el fiscal general en funciones, Todd Blanche. “Ningún Departamento debe llevar a cabo una persecución selectiva basada en creencias. La militarización que se produjo bajo la Administración Biden no volverá a ocurrir, a medida que restauremos la integridad de nuestro sistema judicial”, añadió.
El informe fue producido por el “Grupo de Trabajo de Armas” del Departamento de Justicia, creado por la ex fiscal general Pam Bondi para examinar casos federales contra Trump y otros asuntos criticados por los conservadores.
El fiscal general de Biden, Merrick Garland, y el abogado especial Jack Smith, que procesó a Trump, sostienen que sus decisiones se basaron únicamente en los hechos, las pruebas y la ley. Críticos de la administración Trump consideran, sin embargo, que Bondi —despedida recientemente por Trump— y Blanche son quienes han politizado la agencia, afectando la percepción de independencia del sistema judicial.
La Ley FACE, promulgada en 1994, prohíbe obstruir o amenazar a quien busca servicios de salud reproductiva, así como dañar la propiedad de clínicas que los ofrecen. Según el informe, el gobierno de Biden habría ignorado ataques contra centros de recursos para embarazadas y lugares de culto, los cuales también están protegidos por la ley. Además, acusa a su administración de imponer castigos más severos a activistas antiaborto. El año pasado, Trump indultó a varios de estos activistas, describiéndolos como “pacíficos manifestantes provida”.
Kristen Clarke, quien dirigió la División de Derechos Civiles durante el mandato de Biden, defendió el trabajo de los fiscales: “Aplicaron la ley con imparcialidad y pusieron la seguridad pública en el centro de este trabajo”. Añadió que su división reunió a autoridades, líderes religiosos y personal de salud reproductiva para enfrentar la violencia y las amenazas vinculadas a estos casos.
Los despidos forman parte de una purga de personal de mayor alcance dentro del Departamento de Justicia, que ha afectado a abogados de carrera tradicionalmente protegidos por normas de servicio público. Justice Connection, una red de exempleados de la agencia, declaró que “la crueldad y la hipocresía de la dirección de la agencia están a la vista en este informe”.
