El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) rechazó enérgicamente una moción informativa presentada por el gobierno y el zar de Energía, Josué Colón, para oponerse a un aumento en la tarifa base permanente del servicio eléctrico. El oficial examinador Scott Hempling calificó la presentación como “no autorizada y a destiempo”, acusando a las autoridades de buscar interferir en las decisiones de una agencia administrativa independiente.
“Esta lamentable presentación es política de la peor clase: política por emboscada. Es una vergüenza para el gobierno, la Autoridad de Alianzas Público Privadas y el zar de la Energía”, expresó Hempling en su orden. Añadió que “cualquier miembro de la profesión jurídica con experiencia sabría que presentar este documento fue impropio. En una democracia, incluso un zar debe acatar las reglas”.
Colón respondió a las expresiones del examinador antes de una reunión en el Capitolio con el representante Víctor Parés. “Gracias a Dios, él no es un oficial electo. La gobernadora es Jenniffer González Colón. La política pública de su administración está a favor del pueblo y no de un oficial examinador que parece tener confundidos los objetivos de este proceso”, señaló.
El NEPR puntualizó que la moción se presentó once semanas después del cierre del periodo de informes iniciales y seis días antes del límite para la orden final, el 10 de abril de 2026. En ella, Colón argumentó que el récord no sustentaba que las tarifas actuales fueran insuficientes para cubrir los costos necesarios, y sostuvo que un aumento solo serviría para financiar ineficiencias operacionales de LUMA Energy. El gobierno también propuso recortar en un 10% los presupuestos de LUMA y Genera PR para crear un fondo de emergencia.
La presidenta de LUMA, Janisse Quiñones, indicó que las alternativas para evitar aumentos solo podrían materializarse a largo plazo, advirtiendo que los conflictos bélicos seguirán elevando el precio del combustible. Por su parte, el NEPR tiene hasta este jueves para resolver la revisión de la tarifa base, que no se actualiza desde 2017.
Durante el proceso iniciado en julio pasado, LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitaron alzas que tendrían un impacto de unos 11 centavos por kilovatio hora, aumento que llegaría a 13 centavos si se incorpora el costo del sistema de pensiones de la AEE. Desde septiembre, los consumidores ya pagan un ajuste provisional de 1.92 centavos por kWh para pensiones y 1.49 centavos adicionales por gastos operacionales, en espera de la decisión final del regulador.
