El Departamento de la Familia aseguró que ha recuperado más de $90.3 millones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), luego de que la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) revelara el desembolso de más de $150 millones a personas fallecidas entre 2017 y 2024.
La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, afirmó que se atienden con seriedad los señalamientos de la contralora y que está en marcha un Plan de Acciones Correctivas desde principios de 2025. “La prioridad inmediata sigue siendo asegurar que se tomen todas las acciones correctivas necesarias con agilidad y responsabilidad”, sostuvo.
El informe de la contralora, Carmen Vega Fournier, identificó 988,617 desembolsos a 38,618 personas cuyos números de Seguro Social correspondían a fallecidos. No obstante, la agencia aclaró que 16,970 beneficiarios no usaron los fondos tras morir y que otros 5,330 casos mantienen discrepancias que impiden confirmar el deceso. Estos grupos representan más de $111.6 millones que “no constituyen uso indebido confirmado”.
Roig Fuertes añadió que una parte significativa del dinero detectado “no fue utilizada, presenta discrepancias o ya está bajo procesos de recobro”, por lo que no necesariamente implica una pérdida de fondos públicos. Según la agencia, los $150.6 millones señalados por la OCPR equivalen a menos del 0.8% de los más de $19,500 millones que la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) desembolsó en el periodo examinado.
De los $90.3 millones recuperados, $38.1 millones provienen de beneficios que expiraron automáticamente por no usarse en 180 días, $3.4 millones de ajustes administrativos y $48.7 millones de casos excluidos por falta de validación, detalló la agencia a El Nuevo Día.
La contralora Vega Fournier emitió una “opinión adversa” en la auditoría, señalando deficiencias en controles internos y cumplimiento de leyes y reglamentos. Por su parte, Roig Fuertes destacó que se formalizó un nuevo protocolo para validar la información de los participantes y reforzar el intercambio de datos con el Registro Demográfico, cuya colaboración está garantizada hasta junio de 2026.
Familia indicó que identificó unos $38 millones en transacciones posteriores al fallecimiento, de los cuales $29.7 millones corresponden a “uso indebido confirmado” y están bajo procesos activos de recobro. La agencia recordó que la notificación de un fallecimiento es responsabilidad del participante y exhortó a la ciudadanía a mantener actualizada su información.
“La invitación es a continuar utilizando adecuadamente estos recursos que apoyan el sustento alimentario de miles de familias en Puerto Rico”, expresó la administradora de la Adsef, Blanca Medina.
