El Departamento de la Familia informó que ha recuperado más de $90.3 millones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), luego de que un informe de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) revelara pagos por más de $150 millones a personas fallecidas entre 2017 y 2024.
La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, sostuvo que la agencia tomó con seriedad los hallazgos del informe y que desde inicios de 2025 está en marcha un Plan de Acciones Correctivas. “La prioridad inmediata sigue siendo asegurar que se tomen todas las acciones correctivas necesarias con agilidad y responsabilidad”, afirmó.
La contralora Carmen Vega Fournier identificó 988,617 desembolsos a 38,618 personas cuyos números de Seguro Social mostraban defunción. No obstante, Familia explicó que 16,970 de esos participantes no usaron los beneficios tras su fallecimiento y 5,330 casos presentan discrepancias que aún impiden confirmar la muerte, lo que representa $111.6 millones que no se consideran uso indebido confirmado.
Según Roig Fuertes, una parte del dinero no fue utilizada, otra requiere validación adicional y parte ya está bajo procesos de recobro, por lo que “no necesariamente constituye una pérdida de fondos públicos”. La OCPR precisó que los $150.6 millones observados equivalen a menos del 0.8% de los más de $19,500 millones desembolsados por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) durante el período auditado, que incluyó casos de fallecimientos entre 1990 y 2022.
De los fondos recuperados, $38.1 millones corresponden a beneficios que expiraron automáticamente al no usarse en 180 días, $3.4 millones a ajustes administrativos y $48.7 millones a casos excluidos por falta de validación. Familia destacó que ese proceso forma parte del protocolo del PAN, que devuelve automáticamente al presupuesto los fondos no utilizados por seis meses.
Aunque Vega Fournier emitió una “opinión adversa” por deficiencias en los controles internos, subrayó que el objetivo de la OCPR es motivar acciones correctivas y mejorar la gestión pública. En respuesta, Roig Fuertes explicó que se implementó un nuevo procedimiento para clasificar y cotejar los datos de los participantes, en coordinación con el Registro Demográfico, con el fin de evitar lapsos en la actualización de fallecimientos.
La agencia informó además que identificó unos $38 millones en transacciones posteriores al fallecimiento, de los cuales $29.7 millones constituyen uso indebido confirmado y se encuentran bajo procesos activos de recobro. Recordó que la notificación de cambios en el núcleo familiar, incluyendo muertes, es responsabilidad del beneficiario.
Por su parte, la administradora de la Adsef, Blanca Medina, exhortó a los ciudadanos “a continuar haciendo un buen uso de estos recursos que asisten a miles de familias en Puerto Rico en su sustento alimentario”. Familia cuenta con un contrato con el Registro Demográfico vigente hasta junio de 2026 y ha reforzado los sistemas tecnológicos para compartir información interagencial y prevenir irregularidades futuras.
