El enfrentamiento entre el Senado y el Departamento de Hacienda por el acceso a información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía alcanzará un punto decisivo este jueves, cuando se celebre una vista de desacato ante la jueza Iris Cancio González en el Tribunal de San Juan.
Cancio González citó al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, a comparecer a las 2:00 p.m. en la sala 907, bajo la advertencia de que su ausencia bastará para declararlo en desacato y ordenar su arresto inmediato. La audiencia coincide con un encuentro convocado por la gobernadora Jenniffer González con la Conferencia Legislativa, donde participarán los presidentes legislativos Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz.
Previo a la vista, Hacienda solicitó la desestimación del caso alegando falta de jurisdicción. En respuesta, el Senado sostuvo que la investigación es “legítima” y reafirmó su disposición a defender su reclamo. En su moción, el Senado argumentó que el Estado busca proteger indebidamente a un contratista bajo pesquisa legislativa.
El Departamento de Justicia, que representa a Hacienda, insistió en que el Senado no notificó a Sagardía antes de acudir al tribunal, lo que invalidaría el procedimiento. A su juicio, el cuerpo legislativo actuó de forma prematura y sin agotar los remedios disponibles. “La omisión de notificar al licenciado Antonio Sagardía De Jesús tuvo como efecto que el Senado acudiera al Tribunal de manera prematura, lo cual incide directamente sobre la jurisdicción del foro”, señala el documento judicial.
El pleito se originó luego de que Hacienda incumpliera una orden emitida el 24 de marzo, que le otorgaba 48 horas para entregar la información solicitada. La Cámara alta busca que el secretario sea declarado en desacato bajo el Artículo 34-A del Código Político de 1902. Justicia, por su parte, presentó una moción de reconsideración y reiteró que los datos contributivos de Sagardía son confidenciales.
“El deber del Departamento de Hacienda es proteger la confidencialidad de la información que los contribuyentes someten”, expresó Pantoja Rodríguez en declaraciones recientes. Añadió que la gestión del Estado busca que el tribunal defina el alcance de esa protección conforme al derecho a la intimidad.
El Senado había solicitado a Hacienda confirmar si Sagardía, quien figura como contratista de varias agencias, había sometido declaraciones W-2 y 480, incluyendo fechas, recipientes de pagos y si las mismas fueron enmendadas. Justicia argumentó que estos datos también están protegidos por la ley y que Sagardía, como ciudadano privado, goza de una mayor protección constitucional.
La secretaria auxiliar de lo Civil del Departamento de Justicia, Tania Fernández Madero, sostuvo por escrito que la Constitución de Puerto Rico garantiza la privacidad de las planillas, calificándolas como “comunicaciones privilegiadas entre el contribuyente y el Estado”.
El caso se desarrolla mientras el Senado enfatiza su poder de fiscalización, subrayando que no solicitó información personal ni copias de planillas, sino una confirmación esencial para su investigación. Además, pidió a varias dependencias públicas —incluyendo los Departamentos de Educación, Familia y la Autoridad de Energía Eléctrica— informes sobre contratos con Sagardía.
El interés legislativo surgió luego de que Sagardía defendiera públicamente a la entonces secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, quien renunció a su cargo el 16 de marzo tras polémicas por presuntas irregularidades en la venta de marbetes.
