El pulso entre el Senado y el Departamento de Hacienda por el acceso a información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía llega a un punto decisivo este jueves, con la celebración de una vista de desacato ante la jueza Iris Cancio González, en el Tribunal de San Juan.
La magistrada citó al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, a las 2:00 p.m. en la sala 907, con la advertencia de que su incomparecencia podría conllevar su arresto e ingreso inmediato en prisión. La vista coincide con una reunión convocada por la gobernadora Jenniffer González con la Conferencia Legislativa, en la que estarán los presidentes de la Cámara y el Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz.
Previo a la audiencia, Hacienda presentó una moción para desestimar el caso por falta de jurisdicción. El Senado respondió reafirmando que Sagardía está siendo investigado legítimamente y que el cuerpo está preparado para defender su postura. En su moción, el Departamento de Justicia, representando a Hacienda, argumentó que el Senado no notificó al contribuyente sobre la petición de información, violando los procesos legales y jurisprudenciales aplicables.
El Estado sostuvo que el proceso legislativo fue prematuro y que cualquier pronunciamiento del tribunal sería nulo por falta de jurisdicción. Por su parte, el Senado insistió en que la investigación busca fiscalizar el uso de fondos públicos y solicitó información limitada que no viola la confidencialidad contributiva.
La controversia comenzó cuando Rivera Schatz solicitó el 12 de marzo que Hacienda confirmara si Sagardía radicó declaraciones informativas W-2 y 480 como contratista de agencias públicas. Hacienda se negó a divulgar esos datos el 17 de marzo, invocando el deber de confidencialidad del Código de Rentas Internas y derechos de intimidad protegidos por la Constitución de Puerto Rico. El Senado entonces acudió al tribunal el 23 de marzo, y al día siguiente la jueza Cancio González ordenó la entrega de la información en un plazo de 48 horas.
El Departamento de Justicia presentó luego una moción de reconsideración, señalando que la confidencialidad protege toda la información sometida a Hacienda y que Sagardía, como ciudadano privado, merece mayor protección. La secretaria auxiliar de lo Civil, Tania Fernández Madero, advirtió que romper ese privilegio “sin cumplir rigurosamente con los criterios de excepción establecidos en la ley” sentaría un precedente peligroso.
Ángel Pantoja Rodríguez sostuvo que su deber es proteger la confidencialidad de los contribuyentes y que la moción busca clarificar los límites constitucionales del derecho a la intimidad. “Proteger la confidencialidad de la información contributiva es proteger la confianza del pueblo de Puerto Rico en el Departamento de Hacienda”, afirmó.
Los pedidos legislativos también abarcaron información sobre contratos de Sagardía con los Departamentos de Educación, Familia, Hacienda, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Estas gestiones surgieron luego de que Sagardía defendiera públicamente a la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, quien eventualmente renunció al puesto el 16 de marzo.
