Abogados de los distritos escolares de Fridley y Duluth, junto con el sindicato de docentes Education Minnesota, solicitaron a una jueza federal restablecer las restricciones que limitaban las redadas migratorias en escuelas y sus alrededores. La petición busca frenar una política del gobierno del presidente Donald Trump que amplió las facultades de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para realizar operativos en “lugares delicados” como escuelas, iglesias y hospitales.
El DHS había revocado el año pasado directrices vigentes durante años que protegían estos espacios, lo que generó preocupación entre las comunidades educativas. La demanda, presentada en febrero, coincide con la Operación Metro Surge, que desplegó unos 3,000 agentes federales en Minnesota y dejó como saldo la muerte de dos personas en Minneapolis.
Durante la audiencia ante la jueza Laura Provinzino, la abogada Amanda Cialkowski sostuvo que la eliminación de las restricciones provocó miedo y ausentismo escolar. Agregó que aún no está claro si un fallo favorable podría aplicarse a otros espacios más allá del estado.
Entre los testimonios, la superintendenta de Fridley, Brenda Lewis, explicó que la asistencia cayó drásticamente y que el distrito perdió 72 estudiantes desde diciembre, afectando su financiamiento. Algunos alumnos se mudaron, otros abandonaron el país o están bajo detención. Aunque la Operación Metro Surge concluyó oficialmente, aseguró que el impacto psicológico y financiero persistirá por años.
El superintendente de Duluth, John Magas, relató que su distrito también sufrió consecuencias del cambio de política, pese a estar a más de 150 millas de Minneapolis. Los niveles de ausentismo aumentaron de forma generalizada en el área de las Ciudades Gemelas: en St. Paul faltaron más de 9,000 estudiantes a mediados de enero, y en Minneapolis 8,000 alumnos se quedaron en casa, cerca del 30% de la matrícula.
Por parte del gobierno, la abogada del Departamento de Justicia, Jessica Lundberg, argumentó que restablecer la guía anterior no tendría un efecto sustancial, ya que las redadas nunca estuvieron completamente prohibidas. La jueza Provinzino aseguró que tomará una decisión “tan pronto como pueda”, garantizando que será una resolución fundamentada.
