El representante Gabriel Rodríguez Aguiló presentó legislación para prohibir la transmisión de vistas judiciales antes de la etapa de juicio, al considerar que su difusión puede afectar la presunción de inocencia de los acusados. El legislador explicó que el Proyecto de la Cámara 1211 surge tras meses de diálogo con fiscales, jueces y otros profesionales del sistema de justicia, quienes expresaron reservas sobre el impacto de las transmisiones en tiempo real.
“La medida busca atender el riesgo de que, en una etapa donde no se presenta toda la evidencia, se construyan narrativas incompletas que afecten el derecho a un juicio justo, influyan en potenciales jurados y generen percepciones de culpabilidad prematuras”, señaló Rodríguez Aguiló.
El anuncio ocurre luego de que el tribunal acogiera una petición de la defensa de Anthonieska Avilés, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts, para que no se mostrara su rostro ni se divulgaran datos personales durante la transmisión de sus procesos judiciales. Su representación legal argumentó que fue “abacorada” a su llegada al Tribunal de Aibonito, lo que refleja las preocupaciones por la exposición mediática de los acusados.
Actualmente, las transmisiones desde los tribunales requieren autorización del Tribunal Supremo, al igual que el acceso de la prensa. “Aquí no se está limitando la libertad de prensa ni el acceso a la información”, aclaró el legislador novoprogresista.
La legislación propone añadir un inciso a la Regla 8 de las Reglas de Procedimiento Criminal para prohibir expresamente la transmisión, difusión, retransmisión o publicación en tiempo real del contenido de las vistas de determinación de causa para arresto, por cualquier medio o plataforma digital. La restricción aplicaría a las partes, sus abogados, los medios y cualquier persona presente o con acceso al proceso. La violación de esta disposición, de aprobarse, podría constituir desacato al tribunal y conllevar sanciones.
El proyecto mantendría el carácter público de los procesos judiciales, pero permitiría transmisiones solo con fines educativos o de supervisión judicial. “El propósito de estas vistas es determinar si existe causa probable, no convertirlas en un juicio paralelo. Cuando se transmiten sin control, se desnaturaliza el proceso, se puede obligar a presentar más prueba de la requerida y se expone innecesariamente a testigos y funcionarios”, advirtió Rodríguez Aguiló, quien agregó que también existe un riesgo de contaminación del jurado por la difusión de información previa al juicio.
