El Tribunal de Apelaciones desestimó la demanda presentada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra el gobierno de Puerto Rico, que impugnaba la exigencia del carné de prensa emitido por el Departamento de Estado como requisito para acceder a conferencias en La Fortaleza convocadas por la gobernadora Jenniffer González o su equipo.
La decisión del foro intermedio revocó el fallo del Tribunal de San Juan, que había declarado inválido el requerimiento. En su sentencia, el Tribunal sostuvo que, al existir un ente administrativo encargado de expedir la certificación, la solicitud resulta “razonable y neutral”, y no limita la libertad de prensa. El panel estuvo integrado por los jueces Grace Grana Martínez, Eric Ronda del Toro y Glorianne Lotti Rodríguez.
“El Estado no impidió el trabajo periodístico, sino que dispuso que, para entrar a la residencia oficial, los periodistas debían portar la certificación”, indica la resolución redactada por Ronda del Toro. El tribunal también resaltó que el CPI no demostró haber solicitado el carné ni que se le hubiese negado.
La directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, adelantó que recurrirán al Tribunal Supremo “lo antes posible”. “Los jueces no evaluaron la posición del Centro. Hicieron un calco de la postura del gobierno”, expresó Minet.
El abogado de La Fortaleza, Ramón Rosario, afirmó que el fallo confirma que, como en la Casa Blanca, es válido establecer normas de registro y acceso para periodistas. Según la sentencia, el Tribunal de Primera Instancia “abusó de su discreción” al emitir una decisión sin celebrar una vista evidenciaria.
La controversia inició en diciembre, luego de que se les negara el acceso a dos periodistas del CPI por no contar con el carné estatal. Minet reiteró que ese documento surgió en el marco de la Ley 22 de Tránsito, solo para otorgar tablillas especiales, y no para definir quién es periodista. “Ese carné no es legítimo. No lo solicitaremos hasta que el Supremo se exprese”, sostuvo.
En respuesta, La Fortaleza señaló que la credencial “no pretende ser un requisito para ejercer el periodismo, sino parte de los protocolos para un acceso ordenado”. No obstante, gremios como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico se han opuesto a la medida, por entender que la acreditación debe ser voluntaria.
En febrero, la jueza superior Iris Cancio González había determinado que la exigencia violaba la libertad de prensa, al excluir a periodistas del CPI de conferencias públicas. Desde 2025, el Ejecutivo de González requiere la certificación estatal para asistir a las tres conferencias semanales del gobierno, práctica que no existía en administraciones anteriores.
