La Cámara de Representantes aprobó este lunes, con 49 votos a favor y ninguno en contra, el Proyecto del Senado 752, que eliminaría el privilegio de escoltas para los exgobernadores de manera prospectiva, y de forma inmediata para aquellos que ya disfrutan el beneficio y hayan sido convictos de algún delito.
“Hoy esta Asamblea da un paso firme hacia la erradicación de las prácticas que, aunque normalizadas, resultan contrarias a los intereses colectivos y al buen gobierno”, expresó el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Félix Pacheco durante la presentación de la medida, que ahora regresará al Senado tras ser enmendada.
El proyecto también suprime las escoltas para candidatos a la gobernación y a la comisaría residente, salvo en casos en que exista peligro real para su seguridad. Además, prohíbe al gobierno contratar servicios de seguridad privada. Cualquier excepción deberá sustentarse en una necesidad “real y verificable” y estará sujeta a la disponibilidad de recursos y presupuesto.
La disposición excluye a toda persona convicta, estableciendo que “no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas de ninguna agencia o instrumentalidad”. En el debate, se acogió una enmienda del legislador independentista Denis Márquez para que, una vez se firme la ley, se retire de inmediato la escolta de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable en agosto por un delito electoral federal. Actualmente, tiene asignados cinco oficiales, incluido un supervisor, y dos vehículos.
El portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago, criticó que hayan pasado 65 días desde la declaración de culpabilidad de Vázquez Garced “sin que el gobierno de Jenniffer González Colón se haya atrevido a quitarle las escoltas”. Otros exgobernadores que aún mantienen este beneficio son Luis Fortuño, Pedro Pierluisi y Alejandro García Padilla, mientras que Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá renunciaron voluntariamente a él. El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, no utiliza escoltas.
En 2009, el Tribunal Supremo dictó que el derecho a escolta constituye un “derecho propietario adquirido y protegido constitucionalmente”, aunque aclaró que la Legislatura puede regular o eliminar dicho privilegio de forma prospectiva.
“Esta medida envía un mensaje claro de que la seguridad no puede ser un privilegio personal, sino un servicio público accesible para todos”, manifestó el representante novoprogresista Luis “Junior” Pérez.
Durante el debate, el legislador Gabriel Rodríguez Aguiló lamentó que se rechazara su enmienda para eliminar las escoltas a todos los jefes de agencia, salvo los titulares de Justicia, la Policía y el Departamento de Corrección y Rehabilitación. También fue derrotada otra enmienda similar presentada por el representante Domingo Torres, del PPD.
La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, se mostró a favor de que las escoltas se otorguen solo de forma temporal, aunque advirtió que la falta de una definición clara podría convertirlo en un beneficio permanente. “Después de dar servicio, cada cual que desee tener escolta la debe costear con su propio peculio. Las escoltas no deben verse como un privilegio para aparentar ser personas importantes. Si un funcionario le falla al país, no merece ningún privilegio ni escolta, sino todo el peso de la ley”, afirmó Burgos Muñiz.
