El Departamento de Justicia sostuvo ante la Comisión de lo Jurídico del Senado que defendería la constitucionalidad del Proyecto del Senado 1096, promovido por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el cual limita las facultades administrativas del juez presidente del Tribunal Supremo. La agencia indicó que, de aprobarse la medida, la consideraría válida y ejercería su deber de representación legal en caso de una impugnación.
La secretaria auxiliar de Asesoramiento, Ketsy García, en representación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, expresó que las disposiciones del proyecto “pueden interpretarse en armonía con el esquema constitucional vigente, en la medida en que se preserve la interacción funcional” entre el Tribunal Supremo y la jueza presidenta. García recalcó que es deber ministerial del Departamento defender las leyes aprobadas por las ramas políticas.
El presidente de la Comisión, Ángel Toledo López, fue el único senador presente en la vista. Tras su presentación, advirtió que Justicia no debería respaldar una ley que parezca inconstitucional. Añadió que convocará próximamente a los decanos de las escuelas de Derecho del país para continuar la evaluación de la medida y espera completar el informe para junio.
Justicia recomendó ajustes técnicos al texto, como incluir nuevamente el requisito de nueve años de experiencia en la abogacía para los aspirantes a jueces del Tribunal Apelativo, así como establecer salvaguardas al propuesto Patronato del Poder Judicial para evitar conflictos de interés relacionados con donativos externos.
La postura de Justicia contrasta con la de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), que ha advertido que el PS 1096 podría ser inconstitucional por transferir al pleno del Tribunal Supremo funciones que, desde 1952, corresponden al juez presidente. La jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, también ha cuestionado la propuesta por el posible impacto en la agilidad administrativa.
Durante la audiencia, el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ramos González y los exjueces Carlos Vizcarrondo y Troadio González Vargas se pronunciaron en contra del proyecto. Ramos insistió en que se deben evitar motivaciones político partidistas, ya que ponen en riesgo la independencia judicial. Recordó que, bajo el gobierno de Luis Fortuño entre 2009 y 2012, el Tribunal Supremo aumentó de siete a nueve jueces, lo que cambió su composición política.
Vizcarrondo subrayó que trasladar decisiones administrativas al pleno podría entorpecer la gestión diaria de los tribunales. “Eso dilataría sobremanera el proceso de decidir el día a día”, dijo el exjuez, cuya ponencia fue respaldada por otros 17 exmagistrados.
