El Departamento de Justicia expresó su apoyo al proyecto de reforma judicial presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y afirmó que defendería su constitucionalidad si la medida fuera impugnada ante los tribunales. La propuesta, contenida en el Proyecto del Senado 1096, busca limitar las facultades administrativas del juez presidente del Tribunal Supremo.
Durante una vista pública ante la Comisión de lo Jurídico, los representantes de Justicia indicaron que recomendaron solo enmiendas mínimas al proyecto y sostuvieron que la Asamblea Legislativa tiene autoridad para definir la estructura administrativa del poder judicial. “Estas disposiciones pueden interpretarse en armonía con el esquema constitucional vigente”, expresó Ketsy García, secretaria auxiliar de Asesoramiento, en representación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez.
El presidente de la Comisión, Ángel Toledo López, preguntó si Justicia estaría dispuesto a sostener la constitucionalidad de la medida en los tribunales. “Como cuestión general, es nuestro deber ministerial defender la constitucionalidad de las leyes aprobadas”, respondió García, aunque Toledo López subrayó que su agencia no debe defender normas “que parezcan inconstitucionales de su faz”.
Toledo López anticipó a El Nuevo Día que convocará próximamente a los decanos de las escuelas de Derecho para continuar el análisis de la medida, y espera culminar el informe legislativo antes de que concluya la sesión ordinaria en junio.
La postura de Justicia contrasta con la expuesta por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, quienes advirtieron sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto y alertaron sobre la burocracia que acarrearía en la gestión judicial cotidiana.
En la audiencia también participaron el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ramos González y los exjueces Carlos Vizcarrondo y Troadio González Vargas, quienes criticaron el cambio propuesto. Ramos González pidió evitar motivaciones político partidistas que puedan socavar la independencia judicial, aunque reconoció que la actual mayoría del máximo foro podría favorecer la medida.
Vizcarrondo, expresidente de la Cámara de Representantes, advirtió sobre las repercusiones administrativas de transferir funciones que abarcan desde compras y reclutamiento hasta asignaciones de jueces. “Imagínese que yo hubiera tenido que compartir facultades administrativas con el resto de los representantes”, señaló el exjuez de Apelaciones.
El debate sobre el proyecto continúa generando divisiones entre el poder legislativo y el judicial, mientras la Comisión legislativa evalúa la viabilidad de la propuesta impulsada por Rivera Schatz.
