Nueva York — Una coalición de fiscales generales de Estados Unidos expresó su confianza en que el Tribunal Supremo validará el derecho a la ciudadanía por nacimiento, en momentos en que se discute una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar ese principio constitucional.
La medida, firmada por Trump en enero de 2025 y ya declarada inconstitucional por tribunales federales, intenta modificar la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Esa enmienda establece que toda persona nacida en el país adquiere automáticamente la nacionalidad, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Según estimaciones, unos 250,000 niños al año podrían verse afectados si la orden entra en vigor.
“Nuestra coalición de fiscales generales se enorgullece de haber liderado la lucha contra la orden ejecutiva ilegal del presidente, y confiamos en que la Corte Suprema dictaminará que viola nuestra Constitución”, afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, a través de la red social X. James sostuvo además que la medida vulnera leyes federales “y la norma que ha gobernado nuestra nación por más de 150 años”.
La audiencia ante el Supremo reúne a 24 fiscales generales, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de defensa de inmigrantes, que abogan por mantener la protección constitucional de la ciudadanía por nacimiento. Trump asistió personalmente a la vista, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en ejercicio en presenciar los argumentos orales de un caso ante esa corte. En junio de 2025, el Supremo ya había permitido que la política avanzara al levantar bloqueos en instancias menores.
La coalición de fiscales reiteró su optimismo en que los jueces “dictaminarán que esta orden ejecutiva viola un derecho constitucional fundamental”. En el mismo sentido, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) calificó la medida como “un intento deliberado de reescribir la Enmienda 14”, e instó al Supremo a rechazar “este abuso de poder inconstitucional” para preservar la igualdad de ciudadanía para todos los nacidos en el país.
El Tribunal Supremo evalúa el caso tras un recurso presentado por un grupo de niños que perderían su ciudadanía, en el expediente titulado “Bárbara vs Trump”.
