MADRID – Los obispos católicos de España y el Gobierno español firmaron un acuerdo para compensar a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero ya fallecidos o en casos que no pueden ser juzgados por su antigüedad.
En enero, los obispos habían aceptado que el Defensor del Pueblo tuviera la última palabra en las indemnizaciones eclesiásticas. El nuevo convenio, con un plazo de un año para tramitar reclamaciones, busca resolver las tensiones entre la jerarquía católica y el gobierno de izquierdas tras las críticas a los primeros planes internos de compensación.
El arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, informó que el sistema entrará en vigor el 15 de abril y aclaró que el acuerdo no fija cantidades económicas concretas. “Queríamos excluir las referencias a escalas y cantidades; no se trata de eso”, explicó, aunque confirmó que equipos técnicos ya trabajan en los mecanismos de aplicación.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló que las reparaciones se decidirán caso por caso, considerando la gravedad, la edad de la víctima y la reincidencia de los abusos. “Se establecen criterios para llegar a una indemnización justa, que no debe estar determinada por una sola cifra”, subrayó.
España, uno de los países históricamente más católicos de Europa, ha comenzado en años recientes a reconocer un prolongado historial de abusos y encubrimientos dentro de la Iglesia. El Parlamento encomendó una investigación al Defensor del Pueblo, cuyo informe de 2023 documentó 487 casos comprobados y estimó que las posibles víctimas podrían ser cientos de miles.
La Conferencia Episcopal rechazó esa cifra y aseguró que su propia investigación detectó 728 abusadores desde 1945, la mayoría de ellos con delitos ocurridos antes de 1990 y un 60% ya fallecidos.
Según el acuerdo, las víctimas deberán presentar sus solicitudes ante el Ministerio de Justicia, que las remitirá al Defensor del Pueblo para su evaluación. El organismo propondrá un paquete de compensación que luego será analizado por un comité de la Iglesia. Si no se alcanza consenso, el asunto pasará a una comisión mixta con representantes de la Iglesia, del Defensor del Pueblo y de asociaciones de víctimas. En caso de persistir la falta de acuerdo, prevalecerá la decisión del Defensor del Pueblo.
El convenio representa un hecho inédito en Europa Occidental por la participación directa del Estado en un proceso de reparación por abusos cometidos dentro de la Iglesia católica.
