FORT MYERS, Florida — Un juez federal ordenó que el centro estatal de detención de inmigrantes ubicado en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, garantice un mejor acceso de los detenidos a sus abogados.
La juez de distrito de Estados Unidos Sheri Polster Chappell emitió una orden judicial preliminar que obliga a los administradores del centro a ofrecer llamadas legales salientes oportunas, gratuitas, confidenciales, no vigiladas y no grabadas. Además, dispuso que debe haber al menos un teléfono funcional por cada 25 personas recluidas, y que la información sobre estos derechos esté disponible en varios idiomas.
Antes del dictamen, abogados denunciaron ante el tribunal federal de Fort Myers que sus clientes no podían comunicarse por teléfono ni recibir visitas sin cita previa. Un contratista estatal afirmó en enero que los detenidos sí contaban con esas opciones, durante una audiencia para evaluar si se cumplían los estándares de acceso legal.
El Departamento de Gestión de Emergencias de Florida, agencia encargada de supervisar el centro, no respondió a las solicitudes de comentarios. La instalación fue construida el verano pasado, en una remota pista de aterrizaje, por la administración del gobernador republicano Ron DeSantis para respaldar las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Florida también levantó otro centro de detención de inmigrantes en el norte del estado.
La demanda presentada por antiguos detenidos del centro alega violaciones a los derechos protegidos por la Primera Enmienda. Sostiene que los abogados deben programar sus visitas con tres días de anticipación, mientras que en otros centros pueden hacerlo sin previo aviso. Además, afirman que los detenidos suelen ser trasladados antes de que sus abogados logren las citas y que los retrasos impiden reuniones antes de fechas procesales clave.
