El Departamento de Justicia, en representación del Departamento de Hacienda y su secretario, Ángel Pantoja Rodríguez, presentó una moción de reconsideración a la orden judicial emitida el 24 de marzo que obligaba a Hacienda a entregar al Senado información sobre las declaraciones contributivas del exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, relacionadas con sus contratos con cinco agencias gubernamentales.
La orden fue emitida por la jueza Iris Cancio González, quien dio a Hacienda 48 horas para entregar los datos y advirtió que el incumplimiento podría ser considerado desacato civil. Sin embargo, Justicia argumentó que divulgar esa información vulneraría derechos de terceros y contravendría la confidencialidad protegida por el Código de Rentas Internas.
El Senado había acudido al Tribunal de San Juan el 23 de marzo, tras una negativa del 17 de marzo por parte de Hacienda, que sostuvo que las solicitudes violaban tanto el Código de Rentas Internas como la Constitución. La petición senatorial requería saber si Sagardía había preparado declaraciones W-2 o 480, las fechas en que fueron sometidas, a quién se emitieron y si alguna fue enmendada.
La moción de Justicia reafirmó el planteamiento de Hacienda de que la ley prohíbe divulgar información confidencial de contribuyentes. “No se puede obligar a un funcionario a revelar datos clasificados como confidenciales”, expresó la agencia, citando jurisprudencia aplicable.
El Senado también solicitó información sobre contratos de Sagardía con las agencias de Educación, Familia, Hacienda, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Estas dependencias cumplieron con el pedido, entregando copias de contratos y facturas, pero Hacienda mantuvo su negativa en el caso de los documentos contributivos.
Los requerimientos del Senado surgieron luego de que Sagardía saliera en defensa de la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, en entrevistas radiales, tras cuestionamientos públicos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sobre presuntas irregularidades relacionadas con la venta de marbetes en un centro de inspección vinculado a Pérez Peña, quien renunció a su cargo el 16 de marzo.
