Un juez estadounidense cuestionó a la administración Trump sobre su decisión de impedir que el gobierno de Venezuela financie la defensa legal del presidente Nicolás Maduro en el caso de narcotráfico que lo mantiene detenido en Nueva York.
Durante la audiencia, Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron vestidos con uniformes de prisión. Sus abogados argumentaron que bloquear el acceso a fondos públicos venezolanos viola los derechos constitucionales de sus clientes, quienes enfrentan cargos federales por narcotráfico y otras acusaciones graves. Estados Unidos ha congelado esos recursos como parte de las sanciones impuestas al gobierno venezolano.
El juez Alvin Hellerstein cuestionó por qué la fiscalía mantiene su postura ahora que las relaciones entre Washington y Caracas se han suavizado. Desde la detención de Maduro en enero, Estados Unidos flexibilizó sanciones petroleras y envió un encargado de negocios a la capital venezolana. “La situación ha cambiado. El derecho constitucional a la defensa es primordial”, afirmó el juez, aunque aún no ha dictado fallo.
A las afueras del tribunal, grupos con posturas opuestas se manifestaron ruidosamente. Algunos exigían la liberación del mandatario, mientras otros portaban carteles que reclamaban cárcel para él. En Caracas, decenas de simpatizantes se congregaron en apoyo a Maduro y Flores, denunciando la violación de la soberanía venezolana durante su captura.
El fiscal federal adjunto Kyle Wirshba sostuvo que permitir el uso de fondos del Estado venezolano “socavaría las sanciones”, ya que estas se impusieron por corrupción y represión. Por su parte, la defensa, encabezada por Barry Pollack, alegó que negar esos recursos recargaría el sistema público de defensores y que los fondos disponibles no procederían de contribuyentes estadounidenses. Pollack también denunció que el Departamento del Tesoro revocó sin explicación, a pocas horas, una autorización previa para que el gobierno venezolano financiara los honorarios.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, permanecen en un centro de detención de Brooklyn sin derecho a fianza. Ambos se han declarado inocentes. La acusación federal de 25 páginas los vincula con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y con actos violentos para proteger su operación. De ser hallados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua.
Mientras tanto, en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha remplazado a varios funcionarios cercanos a Maduro, reestructurado instituciones y moderado símbolos del movimiento socialista. La situación económica sigue precaria: los empleados públicos perciben en promedio 160 dólares al mes, y la inflación anual alcanzó el 475%, según el Banco Central de Venezuela.
