La Comisión de Turismo y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico no pudo continuar este miércoles la investigación sobre la expansión y operación del vertedero de Carolina, debido a la incomparecencia de un oficial examinador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), a pesar de existir una orden del Tribunal que exigía su asistencia.
La presidenta de la Comisión, la senadora Marissita Jiménez, anunció que, conforme al Código Político, se ordenó que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicite el desacato correspondiente al Tribunal. La medida busca sancionar al funcionario por desacatar la orden judicial.
El oficial examinador del DRNA, Luis González Ortiz, había sido citado por el Tribunal de Primera Instancia el pasado 11 de marzo, luego de que el Senado presentara una petición para lograr su comparecencia. Sin embargo, al igual que en tres ocasiones anteriores, el funcionario no asistió. Según las actas legislativas, González Ortiz había argumentado compromisos laborales y la falta de documentos o minutas relacionadas con el caso, aunque ofreció disponibilidad entre el 8 y el 10 de abril de 2026.
El Senado recurrió al Tribunal bajo el amparo del Artículo 34-A del Código Político, que faculta a los cuerpos legislativos a solicitar asistencia judicial para obtener testimonios y documentos. En el recurso, el cuerpo legislativo sostuvo que las excusas del funcionario “no son más que un subterfugio para evadir y limitar las prerrogativas constitucionales del Senado”.
González Ortiz había intentado revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia mediante una apelación presentada el 19 de marzo, la cual fue rechazada. En su defensa, alegó haber ofrecido fechas alternas y explicó que estaría fuera del país del 21 de marzo al 6 de abril. Añadió que no contaba con documentos sobre el proceso, ya que el expediente se encuentra en la Secretaría del DRNA, y recordó que el oficial examinador solo emite recomendaciones, mientras que la decisión final sobre permisos recae en el secretario de la agencia.
Argumentó que citarlo para testificar sobre sus recomendaciones equivaldría a obligar a un juez a explicar su razonamiento judicial. Pese a ello, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de instancia.
Durante las vistas anteriores, expertos, comunidades y legisladores expresaron preocupación por posibles filtraciones de lixiviados, contaminación de cuerpos de agua y deficiencias en el manejo del vertedero, mientras las agencias y operadores defendieron su cumplimiento con la reglamentación ambiental vigente.
“El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación… y, aun así, el licenciado Luis González Ortiz decidió no comparecer. Vamos a proceder para que el Tribunal lo declare en desacato”, manifestó el senador Ángel Toledo.
Por su parte, el senador Eliezer Molina advirtió que “llegó el momento en el que las agencias respondan por las determinaciones que ellos hacen”, subrayando la necesidad de mayor rendición de cuentas en los procesos ambientales.
