La delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó una resolución concurrente para que el Senado y la Cámara de Representantes rechacen los reglamentos propuestos por el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés). Según el PIP, las normas implican cambios sustanciales que podrían poner en riesgo a miles de beneficiarios de vivienda pública y subsidiada.
La medida advierte que los reglamentos “ignoran la realidad social y económica de Puerto Rico” y que su adopción podría aumentar el número de personas sin hogar en el archipiélago, además de encarecer la vivienda y vulnerar aún más a las sobrevivientes de violencia de género, adultos mayores y niños.
El senador Adrián González Costa afirmó que “lo óptimo es que la Legislatura, como representantes del pueblo, exprese su rechazo a través de los mecanismos existentes” y que dicha expresión sea remitida al proceso de comentarios públicos que lleva a cabo HUD.
El portavoz alterno del PIP subrayó que la posición legislativa podría influir significativamente en la evaluación que hace HUD sobre el impacto que tendrían las regulaciones en Puerto Rico. A la medida se unieron los senadores Luis Javier Hernández Ortiz y José Luis Dalmau Santiago, del Partido Popular Democrático. Este último envió una carta al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en la que enfatiza que las reglas carecen de un análisis riguroso para evaluar sus implicaciones en la isla.
“Si bien es posible enmendar estas regulaciones para garantizar un trato justo a Puerto Rico, tal como están redactadas merecen ser rechazadas”, escribió Dalmau Santiago, quien también comunicó sus preocupaciones directamente a HUD.
Entre los cambios propuestos, las nuevas reglas plantean reducir a menos de 30 días el aviso de desahucio, eliminar subsidios si algún miembro de la familia tiene estatus migratorio irregular y limitar los beneficios de vivienda a un período mínimo de dos años. También exigirían a los beneficiarios entre 18 y 61 años cumplir hasta 40 horas de trabajo semanal, exceptuando a mayores de 62 años y personas con discapacidad.
El gobierno de Puerto Rico aún no ha definido su postura y ha indicado que espera las opiniones de residentes de vivienda pública antes de emitir un análisis formal. Los plazos para someter comentarios sobre las propuestas de HUD se extienden del 21 de abril al 1 de mayo. La organización Ayuda Legal Puerto Rico ha publicado información y guías sobre cómo enviar observaciones a las reglas federales.
El proyecto, impulsado por el PIP, busca que la Legislatura puertorriqueña se una a otras voces que reclaman un trato equitativo en materia de vivienda ante el gobierno de Estados Unidos.
