Al concluir las siete horas de interpelación al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en el Senado, miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) arremetieron contra el funcionario, afirmando que “sigue siendo un cabildero”.
El portavoz de la minoría PPD en la Cámara Alta, Luis Javier Hernández Ortiz, sostuvo que no existe evidencia documental que demuestre la separación de Domenech de su antigua empresa, Politank, ni constancia de alguna inhibición. El también exalcalde de Villalba exhortó al Senado a citar a los secretarios del gabinete de Jenniffer González para continuar con las investigaciones.
El expresidente senatorial José Luis Dalmau Santiago respondió a las expresiones de Domenech sobre una supuesta “doble vara” legislativa, alegando que dicha práctica corresponde, en su opinión, a la gobernadora Jenniffer González y al PNP, a quienes acusó de incumplir promesas de reformas contributivas, de permisos y la salida de LUMA Energy.
Por su parte, la senadora Ada Álvarez Conde señaló que durante la vista no se presentó documentación que evidenciara los mecanismos de inhibición mencionados por Domenech para evitar conflictos con Politank. Destacó además que, sin documentos escritos, podría configurarse una violación ética.
Álvarez Conde cuestionó al funcionario si el cheque por la venta de Politank aparecería en su planilla de contribuciones, a lo que este respondió afirmativamente. Según indicó, la transacción se concretó el 31 de diciembre de 2024 por $4 millones, con el pago realizado el 1 de enero de 2025.
El senador Josian Santiago reiteró que, según la Ley de Ética Gubernamental, los servidores públicos deben informar posibles conflictos de interés y que Domenech carece de un mecanismo formal de inhibición. Según testificó el propio secretario, una subordinada sería quien decide si un contrato vinculado a Politank no se le remite.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció que los hallazgos de la Comisión Total se remitirán a la Oficina de Ética Gubernamental, al FBI, al Departamento de Justicia, a la Oficina del Inspector General y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Afirmó que existen inconsistencias en la información presentada y posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Rivera Schatz agregó que los clientes de Politank se beneficiaron tras la llegada de Domenech a La Fortaleza y cuestionó la validez de una dispensa ética que, según el director ejecutivo de la OEG, no aplica al funcionario.
Domenech, por su parte, insistió en que no existe conflicto de interés alguno en su gestión. Explicó que los contratos relacionados con Politank son evaluados por una auditora de carrera destacada de la Oficina del Inspector General, a quien describió como una funcionaria íntegra.
El secretario reiteró que rompió todo vínculo con la empresa y que asuntos relacionados con ella o con su esposa son manejados exclusivamente por la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, sin discusión directa con él.
Las declaraciones marcan un nuevo capítulo en la controversia sobre las posibles implicaciones éticas y los vínculos previos del funcionario con su antigua firma de consultoría.
