Washington — El Tribunal Supremo de Estados Unidos discutió el martes si el gobierno del presidente Donald Trump puede reactivar una política migratoria utilizada para limitar el ingreso de solicitantes de asilo en la frontera con México. La medida, conocida como “dosificación” o “medición”, restringía la cantidad de personas que podían presentar su solicitud diaria de asilo, con el argumento de que era necesario controlar el flujo migratorio.
Durante la audiencia, algunos jueces conservadores se mostraron dispuestos a atender la petición del Departamento de Justicia de revertir un fallo previo que declaró ilegal esta práctica. Los defensores de los migrantes advierten que la política provocó una crisis humanitaria, pues cientos de personas quedaron varadas en campamentos improvisados en territorio mexicano.
Aunque la política está actualmente suspendida, el gobierno de Trump defendió su utilidad como una “herramienta crítica” que, según argumentó, ha sido empleada por administraciones de ambos partidos. En tanto, otros jueces plantearon inquietudes sobre el impacto desigual que podría tener entre quienes ingresan legal e ilegalmente al país.
“¿Por qué el Congreso privilegiaría a alguien que entra ilegalmente en Estados Unidos?”, cuestionó el juez Brett Kavanaugh. El abogado Vivek Suri, ayudante del fiscal general, sostuvo que el mecanismo no niega el asilo, sino que distribuye el flujo de solicitantes: “Es como decir que nuestro puerto está hoy al límite de su capacidad, que lo intenten otro día”.
La política fue implementada inicialmente durante la administración del presidente Barack Obama, ante el aumento de haitianos en la frontera de Tijuana. Bajo Trump, se amplió a todos los cruces entre México y Estados Unidos hasta 2020, cuando la pandemia provocó su suspensión. El presidente Joe Biden eliminó formalmente la práctica en 2021.
La jueza de distrito Cynthia Bashant había determinado que la medida violaba derechos constitucionales y la ley federal que obliga a procesar a toda persona que busque asilo en territorio estadounidense. El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito confirmó ese fallo, lo que llevó el caso ante el Supremo.
El debate central gira en torno al significado legal de las palabras “llegar a” contenidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El Departamento de Justicia sostiene que aplica solo a quienes ya están dentro del país, mientras abogados de inmigración argumentan que debería incluir a quienes arriban a un puerto de entrada.
Rebecca Cassler, abogada del Consejo Americano de Inmigración, destacó que el acceso al asilo “está consagrado en nuestras leyes desde hace décadas”. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y la jueza Ketanji Brown Jackson intercambiaron preguntas sobre si es apropiado debatir una política que actualmente no está en vigor.
El caso forma parte de una serie de disputas migratorias que el Tribunal Supremo analiza este mandato, entre ellas el intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento y la revisión de protecciones para personas que huyen de conflictos armados o inestabilidad política.
