Mientras los estados que ya prohíben el aborto buscan restringir aún más su acceso, la atención se centra en las píldoras abortivas enviadas por proveedores de otras jurisdicciones. Una encuesta publicada el martes revela que, durante el último año, más mujeres en estados con prohibiciones recurrieron a píldoras obtenidas por telemedicina que a viajar a lugares donde el procedimiento es legal.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el caso Roe contra Wade hace casi cuatro años, la mayoría de los estados con voluntad política de imponer restricciones amplias ya lo han hecho. En 2026, solo un estado ha aprobado una nueva prohibición.
El gobernador de Dakota del Sur, el republicano Larry Rhoden, firmó una ley que penaliza la publicidad, distribución o venta de píldoras abortivas. En Mississippi, medidas similares avanzan en el Legislativo, mientras en otros estados —Florida, Oklahoma y Texas— ya existen leyes que prohíben enviar las píldoras por correo. Luisiana, por su parte, las clasificó como sustancia controlada.
Arizona, Indiana y Carolina del Sur también evalúan proyectos para frenar el ingreso de estas pastillas. Sin embargo, en Arizona cualquier medida podría ser vetada por la gobernadora demócrata Katie Hobbs.
Según el Instituto Guttmacher, el aumento en el uso de píldoras coincide con una disminución de los desplazamientos a estados como Colorado, Illinois, Kansas y Nuevo México para acceder a abortos presenciales. Las recetas suelen provenir de proveedores ubicados en estados con leyes de protección para quienes las emiten a pacientes residentes en lugares con restricciones.
En paralelo, varios estados han presentado demandas para exigir que las recetas se hagan en persona y limitar así la telemedicina. Luisiana, Texas, Florida, Idaho, Kansas y Misuri han llevado el debate a los tribunales, mientras Texas y Luisiana también impulsan acciones legales contra proveedores acusados de enviar píldoras.
Wyoming es el único estado con una nueva prohibición en 2026: una ley firmada por el gobernador republicano Mark Gordon veta los abortos desde la sexta semana de gestación. No obstante, el Tribunal Supremo estatal anuló este mismo año una prohibición total anterior.
Aunque persisten intentos de criminalizar a las mujeres que aborten, ninguna de esas propuestas ha prosperado. Los principales grupos antiabortistas, como National Right to Life, sostienen que las mujeres necesitan “compasión y apoyo, no persecución”. En contraste, la profesora Melissa Murray, de la Universidad de Nueva York, advierte que insistir en ese tipo de medidas podría normalizarlas con el tiempo.
En noviembre, los votantes de al menos tres estados decidirán sobre propuestas vinculadas al aborto. Missouri debatirá eliminar el derecho a la libertad reproductiva de su Constitución, mientras que Nevada y Virginia consideran enmiendas para mantener o ampliar el acceso legal al procedimiento. La de Nevada, aprobada antes en 2024, requiere ratificación popular para entrar en vigor.
La Administración de Alimentos y Drogas (FDA) aprobó el año pasado una versión genérica de la mifepristona, un paso que ha generado frustración entre los opositores al aborto. Así, el debate sobre las píldoras abortivas y su distribución continúa siendo un frente clave en la disputa por los derechos reproductivos en Estados Unidos.
