El Senado aprobó este lunes, de forma unánime con 25 votos, el Proyecto del Senado (PS) 976, una medida presentada por su presidente, Thomas Rivera Schatz, que establece el marco jurídico para ofrecer seguros de salud a mascotas en Puerto Rico. La iniciativa busca aliviar la carga económica que representa el cuidado veterinario para los dueños de animales.
“Surge una necesidad real de contar con herramientas modernas que faciliten el acceso a servicios veterinarios y que permitan a los consumidores manejar el impacto económico derivado de enfermedades y accidentes que las mascotas pueden padecer”, establece el texto legislativo.
La legislación dispone requisitos mínimos para las pólizas, normas claras de divulgación al consumidor, parámetros de mercadeo y mecanismos de fiscalización a través de la Oficina del Comisionado de Seguros. Aunque algunas aseguradoras ya ofrecen este tipo de producto, actualmente no existe una estructura normativa uniforme que garantice información transparente sobre exclusiones, condiciones preexistentes, períodos de espera, deducibles o límites de cubierta.
El estudio “Radiografía del Consumidor”, de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos en Puerto Rico (MIDA), indica que en 2023 el 48% de los hogares de la isla, cerca de 643,000, tenían mascotas y destinaban un promedio de $92 mensuales en alimentos para ellas.
El proyecto permitiría ofrecer seguros médicos para perros y gatos, aunque deja a discreción de las aseguradoras definir las especies domésticas elegibles según sus criterios de riesgo. Además, deberán informar a los consumidores sobre cualquier exclusión por condiciones preexistentes o trastornos genéticos o crónicos.
El Senado también aprobó el PS 1031, que obliga al Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) a divulgar los proyectos tecnológicos bajo su evaluación. Rivera Schatz explicó que la falta de información pública ha limitado la capacidad de los ciudadanos de evaluar el impacto de estos proyectos. La medida fue respaldada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial.
Otras medidas aprobadas incluyen el PS 920, que prohíbe la influencia económica de entidades o personas jurídicas extranjeras en el financiamiento de campañas políticas; el PS 921, que integra al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales al “Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción”; el PS 676, que amplía de cinco a diez años el período de prescripción para delitos como fraude o lavado de dinero cuando la cuantía supera los $500,000; y el PS 582, que añade a los oficiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno.
Todas las medidas fueron remitidas a la gobernadora Jenniffer González para su evaluación en La Fortaleza.
