La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, reconoció ante la Cámara de Representantes que la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) no puede garantizar tener bajo registro el 100% de los contratos otorgados por el Gobierno. “No podemos decir que el 100% de los contratos que se están dando ahora mismo en el Gobierno de Puerto Rico los tenga la Oficina del Contralor registrados”, afirmó.
Según datos ofrecidos por Vega Fournier, al 30 de enero de este año fiscal se habían registrado 73,242 contratos, lo que equivale a un promedio de 7,300 al mes. En total, el portal de la OCPR cuenta con 813,724 contratos disponibles para consulta. Sin embargo, otros 40,000 contratos permanecen bajo análisis debido a “reparos” por documentos incompletos o errores numéricos, por lo que “no deberían estar vigentes” hasta que se completen sus registros.
La funcionaria señaló que el incumplimiento con la Ley 18 de 1975, conocida como la “Ley de Registro de Contratos”, representa una deficiencia que puede afectar la validez de los acuerdos y el uso de fondos públicos. Para atender esta situación, apuesta a la digitalización total del proceso y a la implementación de nueva tecnología que centralice los datos y minimice los errores manuales. “Todos los contratos se van a hacer en forma digital”, dijo. “Sin tecnología, esta Oficina no va a llegar a otro nivel”, defendió Vega Fournier al justificar un aumento presupuestario para el año fiscal 2026-2027.
Actualmente, la OCPR cuenta con 20 empleados asignados al registro de contratos. En la vista pública, el presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier, insistió en la importancia de cumplir con el registro obligatorio.
La Contralora informó además que, al 4 de febrero, la Oficina llevaba 85 auditorías en curso y había recibido 300 querellas, de las cuales 165 se atendieron. Solo “muy pocas” terminan en referidos, pues muchas llegan anónimamente o sin fundamentos válidos.
De cara al próximo año fiscal, la OCPR solicita un aumento presupuestario de $20.7 millones, para alcanzar un total de $77.4 millones. Ese dinero permitiría contratar 50 auditores, invertir en tecnología y rehabilitar la nueva sede adquirida en febrero por $8.3 millones. No obstante, la Junta de Supervisión Fiscal propuso un presupuesto de $49.3 millones, lo que implica una reducción de casi $7 millones frente al vigente. “Nos vamos a estancar y eso no es lo que el pueblo quiere”, advirtió Vega Fournier.
Del dinero solicitado, $10 millones se destinarían a la remodelación del nuevo edificio. Antes de la compra, la Oficina pagaba $2.4 millones anuales en renta. La mudanza está prevista para el próximo verano.
Las prioridades de la Contralora incluyen también la modernización del portal web y la integración de herramientas de inteligencia artificial, lo que —aseguró— no implicará despidos, sino un aumento en la capacidad de auditoría. “Todos los empleados de carrera, ninguno se va a despedir”, enfatizó.
Actualmente, la Oficina cuenta con 328 auditores y prevé que alrededor del 15% se retire en los próximos cinco años, por lo que considera urgente reforzar la plantilla. “Este esfuerzo, unido a los proyectos de transformación digital, refleja un compromiso firme con la excelencia operacional, la integridad fiscal y la protección adecuada de los recursos del gobierno”, concluyó Vega Fournier.
