Con el reloj en contra, residentes de complejos de vivienda pública en Puerto Rico aún desconocen los cambios propuestos por el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés), que, según líderes comunitarias, podrían dejar en la calle a miles de familias y agravar la crisis de vivienda asequible.
Saraí Bernard Ruiz, líder del residencial Dr. Rafael López Nussa en Ponce, y Mirta Colón Pellicier, del antiguo residencial Las Gladiolas en Hato Rey, reclamaron respaldo público de alcaldes, legisladores y funcionarios en rechazo a los reglamentos que contemplan limitar el tiempo de ocupación y exigir trabajo a tiempo completo. «Dentro de dos años, todos los que vivimos aquí nos vamos a la calle si se implementaran los reglamentos», advirtió Bernard Ruiz, al cuestionar las posibilidades de reubicación en Ponce, donde hay 404 apartamentos afectados.
Colón Pellicier señaló que pocos patronos ofrecen empleos de 40 horas semanales con beneficios, y advirtió que «se van a vaciar los residenciales» porque las nuevas reglas también afectarían programas federales como la Sección 8. Ambas mujeres denunciaron que se enteraron por la prensa, y no por el Departamento de la Vivienda o la Administración de Vivienda Pública (AVP), y ahora buscan orientar a sus comunidades.
El administrador de la AVP, Juan Rosario Hernández, indicó que las políticas se encuentran en el portal de HUD y que se enviaron a consejos comunales que las solicitaron. Aunque el gobierno aún no asume postura, Rosario Hernández afirmó que esperan comentarios de los residentes antes de tomar decisiones. Hasta el momento, han recibido 16 ponencias a través del correo expresate@avp.pr.gov y celebrarán vistas públicas en Cabo Rojo, Las Piedras, Ponce y Cataño.
Los cambios propuestos incluyen reducir el tiempo de notificación de desahucios, eliminar subsidios si algún miembro del hogar tiene estatus migratorio irregular y limitar los beneficios a dos años, con requisitos de trabajo de 40 horas semanales para personas entre 18 y 61 años. Las fechas para comentarios públicos son entre el 21 de abril y el 1 de mayo.
Bernard Ruiz y Colón Pellicier también advirtieron que algunas disposiciones no están claras, como la exención laboral para adultos mayores o personas con discapacidad, que podría no aplicarse si no son jefes de familia. Alertaron además sobre el riesgo de separación de familias con miembros sin estatus migratorio definido. «¿Los padres tienen que abandonar a sus niños? ¿Los esposos a sus parejas porque no tienen documentos? Eso se llama discrimen», señaló Bernard Ruiz.
Las líderes comunitarias pidieron que la AVP garantice servicios de traducción para que los residentes puedan enviar sus comentarios al HUD y exhortaron a los ciudadanos a exigir acción de alcaldes, legisladores y de la gobernadora Jenniffer González. «Se supone que están en esos puestos para defender a su pueblo. Nosotros tenemos derecho a salud, a educación y a una vivienda segura», subrayó Bernard Ruiz.
