La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced presentó una moción ante la jueza de distrito federal Silvia L. Carreño Coll para solicitar más tiempo con el fin de someter sus objeciones al informe presentencia. El documento, radicado el 28 de octubre, el mismo día en que vencía el plazo original, pide una extensión de 15 días adicionales, hasta el 17 de noviembre.
El equipo legal, encabezado por el abogado Ignacio Fernández de Lahongrais, argumentó que necesita del tiempo extra para intentar resolver de manera informal las discrepancias sobre el contenido del informe, antes de formalizarlas ante el Tribunal. Aunque la defensa no ha revelado los aspectos específicos con los que no está de acuerdo, comunicó sus reparos al oficial de libertad condicional a través de una carta y solicitó una reunión para discutirlos, enviando copia de la misiva a la Fiscalía federal.
Según la moción, el oficial de libertad condicional accedió a reunirse con los abogados y a responder con prontitud. La defensa también expresó su intención de consultar con la Fiscalía federal “e intentar llegar a un acuerdo sobre los asuntos en disputa antes de presentar objeciones formales ante el Tribunal”. Este proceso, estimaron, tomaría unos 15 días en completarse.
Los abogados sostuvieron que conceder la extensión promovería la economía judicial, al reducir o eliminar posibles controversias antes de llevarlas ante la jueza Carreño Coll. Además, aseguraron que el nuevo plazo no afectará la vista de sentencia programada para el 4 de diciembre, dado que habría tiempo suficiente para atender cualquier objeción formal.
El informe presentencia fue presentado el 2 de octubre, y forma parte de los procedimientos luego de que Vázquez Garced se declarara culpable de haber aceptado una promesa de contribución política del banquero venezolano Julio Herrera Velutini en 2020, en violación a la Ley federal de Campañas Electorales (FECA).
Además de Vázquez Garced, las autoridades federales acusaron a Herrera Velutini y al exagente federal Mark Rossini de ofrecer dinero y apoyo a la campaña de la entonces gobernadora durante la primaria por la candidatura del PNP en 2020. A cambio, presuntamente, se buscaba la destitución de George Joyner como comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), quien mantenía una investigación contra Bancrédito International Bank & Trust Corporation, propiedad del banquero venezolano.
En 2025, los tres acusados alcanzaron un acuerdo con el Departamento de Justicia federal y se declararon culpables de violar la Ley FECA a cambio de la desestimación del pliego original. Actualmente, todos esperan ser sentenciados ante el Tribunal federal.
