El contratista Daniel García Martín se declaró culpable de posesión ilegal de armas en el Tribunal Federal de San Juan, en una vista presidida por el juez presidente Raúl Arias Marxuach. García Martín, de 68 años, fue defendido por la abogada Jessica Earl, de la Oficina del Defensor Público, mientras que la fiscal federal Linet Olinghouse representó al Ministerio Público. También participó el fiscal Seth Erbe.
“Culpable, vuestro honor”, dijo García Martín al responder la pregunta del juez sobre su alegación respecto al cargo por violación a la ley de armas. El magistrado confirmó que el cambio de alegación se hizo de manera voluntaria. La vista de sentencia fue pautada para el 17 de junio, y la fiscal indicó que el acusado se expone a hasta 15 años de prisión y tres de libertad supervisada.
Según la acusación, el 17 de octubre de 2025 agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la residencia de García Martín y ocuparon una pistola Beretta 9mm, tres revólveres, 143 municiones y $104,000 en efectivo. El caso surge tras una intervención vinculada con trabajos de construcción que el contratista realizó para los suegros de la gobernadora Jenniffer González en La Parguera.
El gran jurado presentó los cargos el 23 de octubre de 2025, al determinar que García Martín no podía poseer armas de fuego debido a una convicción previa por asesinato en segundo grado en 1998, por la que cumplió 12 años en prisión.
Durante una vista anterior, la fiscal Olinghouse argumentó que no debía ser liberado bajo fianza, ya que representaba peligro y riesgo de fuga. En aquella ocasión, su abogada defendió que los acercamientos del FBI respondían a que él había trabajado en la residencia de los suegros de la gobernadora, negando que fuera una persona peligrosa.
El magistrado federal Marshal Morgan justificó la orden de allanamiento al indicar que surgió de una investigación de cuello blanco no relacionada con el caso de armas, que involucraba a la gobernadora y una propiedad de su familia. Poco después, la Fiscalía federal aclaró que no existe ninguna investigación contra Jenniffer González, aunque sí podría haber una pesquisa sobre ciertas propiedades en La Parguera.
El abogado de los suegros de la gobernadora ha afirmado que sus clientes no han sido notificados de ninguna investigación federal, aunque fueron contactados por presuntos oficiales de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA). La residencia, ubicada dentro de la Reserva Natural La Parguera, ha estado bajo controversia por presuntas violaciones ambientales.
En agosto de 2023, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó querellas contra residentes de la zona, incluyendo a los suegros de González, por construcciones sin permiso, solicitando multas de hasta $25,000 y la remoción de estructuras. Tras asumir la gobernación, la nueva administración del DRNA emitió una orden administrativa para legalizar decenas de edificaciones en el litoral de La Parguera.
