Los exrepresentantes José “Cheíto” Rivera Madera y Joel Sánchez Ayala anunciaron que acudirán al Tribunal de Primera Instancia si el Departamento de Hacienda no entrega información relacionada con las operaciones de Yabucoa Auto Service, centro de inspección que hasta diciembre figuraba a nombre de la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña. Pérez Peña renunció recientemente tras denuncias por la supuesta venta irregular de marbetes.
“El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, no puede lavarse las manos ni delegar su deber de fiscalización. Su silencio ante el incumplimiento de este centro de inspección en Yabucoa levanta serias interrogantes que el país merece conocer”, expresó Rivera Madera, quien cuestionó la falta de transparencia sobre los procesos de pago, acuerdos y posibles irregularidades.
Los exlegisladores, ambos del Partido Popular Democrático, presentaron una solicitud ciudadana amparada en la Ley 141-2019, Ley de Transparencia, para obtener detalles sobre los pagos realizados por Yabucoa Auto Service a Hacienda y el supuesto plan de pago suscrito tras detectarse irregularidades. El centro habría emitido más de 1,900 marbetes fraudulentos, recibiendo una multa de $987,500 que, según alegan, fue reducida a $5,000.
El requerimiento se sometió el 25 de febrero e incluye certificaciones de pago y copias de documentos y correos electrónicos relacionados con el caso. Los exrepresentantes enviaron una segunda comunicación el 17 de marzo advirtiendo que, de no recibir respuesta dentro del periodo establecido por la ley, procederán con acción judicial “sin ulterior aviso”.
La Ley de Transparencia, según su Artículo 7 modificado por la Ley 156-2025, obliga a las agencias a responder solicitudes de información en un máximo de 20 días laborales. Si los documentos superan las 300 páginas o tienen más de tres años, el plazo puede extenderse hasta 30 días, con opción a una prórroga adicional de 20 días.
“Si el secretario Pantoja piensa que con ignorar la ley el problema va a desaparecer, se equivoca. No aceptaremos más excusas ni que se siga desligando de las irregularidades. Si no hay respuesta clara, nos veremos en el Tribunal de Primera Instancia”, señaló Sánchez Ayala.
Por su parte, Rivera Madera recalcó que “no es una sugerencia, es un mandato constitucional que Hacienda está violando deliberadamente”. Añadió que la acción judicial será inmediata para garantizar el derecho ciudadano a la rendición de cuentas.
El Nuevo Día solicitó una reacción al Departamento de Hacienda, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación.
