Los exrepresentantes José “Cheíto” Rivera Madera y Joel Sánchez Ayala advirtieron que acudirán al Tribunal de Primera Instancia si el Departamento de Hacienda no responde a una solicitud de información sobre las operaciones de Yabucoa Auto Service, centro de inspección vinculado a la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña. Pérez Peña renunció el lunes posterior a señalamientos por la presunta venta irregular de marbetes en el establecimiento.
“El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, no puede lavarse las manos ni delegar su deber de fiscalización. Su silencio ante el incumplimiento de este centro en Yabucoa levanta interrogantes que el país merece conocer”, señaló Rivera Madera.
Ambos exlegisladores del Partido Popular Democrático presentaron la solicitud como ciudadanos bajo la Ley de Transparencia (Ley 141-2019). En ella pidieron detalles sobre los pagos realizados por el negocio a Hacienda y sobre un supuesto plan de pago tras detectarse irregularidades. También solicitaron copia de los recibos, correos electrónicos y documentos relacionados con el caso.
Según la información divulgada, Yabucoa Auto Service habría emitido más de 1,900 marbetes fraudulentos. Por ello, se le impuso una multa de $987,500 que luego se habría reducido a $5,000. El reclamo inicial se presentó el 25 de febrero, y el 17 de marzo los exlegisladores enviaron una segunda carta en la que advierten que, de no recibirse la información dentro del término dispuesto por ley, acudirán “sin ulterior aviso” a los tribunales.
“El secretario parece desligado de su responsabilidad ministerial en la supervisión y negociación de multas con estos centros, dejando en el aire una explicación necesaria para el país”, añadió Rivera Madera.
El Artículo 7 de la Ley de Transparencia, enmendado por la Ley 156-2025, concede hasta 20 días laborales a las agencias para entregar información pública, o 30 días si los documentos exceden las 300 páginas o superan tres años de antigüedad. Las agencias pueden solicitar una extensión de hasta 20 días adicionales.
Sánchez Ayala advirtió: “Si el secretario piensa que con ignorar la ley el problema desaparecerá, se equivoca. Si no hay respuesta clara, nos veremos en el Tribunal bajo el procedimiento expedito que la ley provee”.
La Ley 156-2025 también requiere que toda denegatoria se justifique por escrito e impide divulgar información clasificada como confidencial por ley, reglamento o determinación judicial.
“No es una sugerencia, es un mandato constitucional que Hacienda está violando deliberadamente”, insistió Rivera Madera, al recalcar que si continúa el incumplimiento emprenderán acción legal para garantizar el derecho ciudadano a la rendición de cuentas.
El Nuevo Día solicitó una reacción de Hacienda, pero no se recibió respuesta al cierre de esta edición.
