San Salvador – El Congreso de El Salvador aprobó el martes una enmienda constitucional promovida por el presidente Nayib Bukele que permitiría imponer sentencias de cadena perpetua en el país, en el marco de su guerra contra las pandillas que ha llevado a prisión a más del 1% de la población.
La reforma, presentada por el gabinete de seguridad de Bukele, fue respaldada por 59 de los 60 legisladores y se prevé que sea ratificada la próxima semana. La Asamblea Legislativa está controlada por el partido del mandatario, lo que facilitó su aprobación.
“Veremos quién apoya esta reforma y quién se atreve a defender la idea de que la Constitución debe seguir prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, escribió Bukele en su cuenta de X.
La medida se suma a una serie de reformas impulsadas por el presidente para fortalecer su control político, mientras detractores y organismos internacionales advierten que sus acciones amenazan el equilibrio de poderes y la frágil democracia del país.
En agosto, el gobierno promovió otra enmienda que eliminaría los límites al mandato presidencial, lo que, según juristas, contraviene la Constitución salvadoreña que prohíbe la reelección consecutiva. Bukele inició su segundo mandato en 2024 pese a las críticas.
La nueva reforma refuerza su política de mano dura, iniciada con la implementación del estado de excepción en marzo de 2022 tras una ola de violencia. Aunque la medida fue anunciada como temporal, ha estado vigente por casi cuatro años, suspendiendo derechos constitucionales y provocando más de 91,300 arrestos.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y abusos en las prisiones. Una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la mayoría de los arrestos son arbitrarios. Bukele ha rechazado estas acusaciones, asegurando que 8,000 personas inocentes fueron liberadas.
Apoyado en su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno salvadoreño ha intensificado las acciones contra críticos, activistas y periodistas, forzando a muchos al exilio. Los procesados bajo el régimen de excepción enfrentan juicios masivos, con escaso acceso a defensa y sin garantías judiciales adecuadas.
Funcionarios de su administración han reiterado que los miembros de pandillas arrestados “nunca volverán” a las calles.
La historia fue traducida del inglés y revisada por un editor antes de su publicación.
