El superintendente de la Policía, Joseph González, ordenó eliminar los servicios de escolta de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, luego de recibir instrucciones de la gobernadora Jenniffer González Colón, basadas en una opinión legal del Departamento de Justicia que confirma la autoridad de la primera ejecutiva y el poder decisional del jefe de la Uniformada.
González explicó que la decisión responde a reclamos ciudadanos sobre la necesidad y legalidad del servicio, especialmente tras conocerse que Vázquez aceptó declararse culpable en un caso de corrupción federal. “Como superintendente, pero sobre todo como ciudadano, también me expresé en oposición a que continuara teniendo escoltas”, sostuvo en declaraciones escritas.
El jefe policial indicó que, aunque su división legal había concluido que Vázquez tenía un derecho adquirido a la escolta por su condición de exgobernadora, ni él ni la mandataria quedaron satisfechos con esa interpretación. Por ello, Jenniffer González solicitó una opinión al Departamento de Justicia, el cual dictaminó que no existía impedimento legal ni constitucional para eliminar la escolta.
La decisión fue respaldada por la gobernadora, quien emitió una directriz para su implementación inmediata. “Con la opinión del Departamento de Justicia, el respaldo de la gobernadora Jenniffer González y las facultades otorgadas por la Ley 83 de 2025, revocamos hoy el servicio de escoltas a la Lcda. Wanda Vázquez Garced”, afirmó el superintendente.
González detalló que se realizó un extenso análisis sobre el caso Hernández Colón y Romero Barceló vs. Policía de Puerto Rico (2009), en el que el Tribunal Supremo reconoció el derecho de exgobernadores a escoltas, y sobre la definición incluida en la Ley 2 de 1965, que exige haber sido electo por voto popular y ejercer el cargo por al menos cuatro años. Añadió que Vázquez no cumple con esos requisitos.
En agosto, Vázquez Garced reconoció ante la jueza federal Silvia L. Carreño Coll que violó la Ley Federal de Campañas Electorales al aceptar una promesa de contribución política del banquero Julio Herrera Velutini en 2020. Posteriormente, el presidente Donald Trump le otorgó un indulto presidencial, junto a sus coacusados.
El caso federal acusaba a Herrera Velutini de haber financiado la campaña de Vázquez y de solicitar la destitución del entonces jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner. Según la fiscalía, Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini asistieron en las primarias del Partido Nuevo Progresista de 2020 mediante donativos y una encuesta valorada en $500,000.
El superintendente concluyó que la eliminación de la escolta se toma en cumplimiento de la ley, la directriz de la gobernadora y la determinación de Justicia, garantizando que las decisiones de la Uniformada se basen en fundamentos legales y constitucionales sólidos.
