La Cámara de Representantes aprobó este lunes tres medidas de administración que buscan reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema político del país. Entre ellas figura el Proyecto del Senado (PS) 920, que prohíbe la influencia económica de entidades o personas jurídicas extranjeras en el financiamiento de campañas políticas.
El PS 920 define como persona jurídica extranjera aquella organizada, incorporada o registrada fuera de Puerto Rico o Estados Unidos. Estas entidades no podrán realizar donativos, participar directa o indirectamente en el financiamiento electoral ni constituirse como comités de acción política, aun si poseen operaciones en la isla.
Asimismo, la Cámara aprobó el PS 921, que integra al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) al “Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción”. Este grupo busca mejorar la coordinación entre agencias con funciones fiscalizadoras. La medida amplía sus atribuciones para crear políticas públicas anticorrupción, revisar el marco legal vigente y analizar patrones de riesgo detectados a través de auditorías e investigaciones.
Durante el debate, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, respaldó las medidas, aunque señaló la baja asistencia de los miembros del grupo en el pasado. “De nada vale tener un grupo por ley y que se tengan que reunir, si los llamados a asistir al grupo no van a estas reuniones”, expresó. Entre 2018 y 2022 se celebraron 25 reuniones formales, pero la participación de agencias como la Policía, el Departamento de Justicia y el FBI fue limitada.
El PS 921 fue aprobado de manera unánime, con 46 votos a favor.
Por otro lado, la Cámara avaló, con 13 votos en contra, el PS 854, que dispone que las agencias y corporaciones públicas asignen un 5% del presupuesto de cada campaña publicitaria a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Esta medida busca fortalecer los recursos de la emisora pública. El proyecto pasó a la consideración de la gobernadora Jenniffer González.
Las tres medidas marcan una línea de acción dirigida a reforzar la vigilancia anticorrupción y asegurar que la política puertorriqueña sea libre de injerencias económicas externas.
