El Departamento de Justicia federal defendió ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston los veredictos de culpabilidad y las sentencias impuestas a la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier y su esposo, Orlando Montes.
Ambos fueron hallados culpables de conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales, fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero, por un esquema de corrupción mediante el cual se apropiaron de $100,000 provenientes de fondos públicos. El caso giró en torno a que Charbonier habría aumentado el salario de su empleada en el Capitolio, Frances Acevedo, para que esta le devolviera parte del dinero.
Luego de varias extensiones, el Ministerio Público presentó su informe en respuesta a los argumentos de apelación presentados por los convictos. La fiscal Brendan B. Gants, de la División Criminal de Justicia federal en Washington D.C., argumentó que el jurado contó con evidencia suficiente para concluir que el tribunal tenía jurisdicción, dado que los fondos implicados provenían del gobierno de Estados Unidos asignados al gobierno de Puerto Rico.
El documento sostiene que el jurado determinó, con base en las pruebas, que los acusados intentaron ocultar la verdadera naturaleza y el origen del dinero ilícito, utilizando a su hijo como intermediario. También defendió que el juez del Tribunal de Distrito en Puerto Rico actuó correctamente al rechazar la petición de Montes de celebrar un juicio separado, indicando que el acusado no demostró la necesidad de dicha separación.
La fiscalía añadió que tampoco hubo error en la admisión del testimonio de un agente del FBI ni de un contable forense, y que el tribunal ofreció instrucciones correctivas cuando correspondía, por lo que cualquier posible error sería inofensivo. Además, consideró válidas las declaraciones de Frances Acevedo, quien era coacusada, pero se declaró culpable antes del juicio.
Los convictos solicitaron un nuevo juicio alegando la existencia de un archivo de audio en español no admitido como evidencia, al que presuntamente el jurado pudo haber tenido acceso. Justicia federal desestimó el reclamo, asegurando que no hay razón para creer que el jurado oyera el audio ni ignorara las instrucciones judiciales de basarse en las traducciones admitidas. Incluso de haber ocurrido, el Ministerio Público sostuvo que no se demostró perjuicio alguno.
Finalmente, el Departamento de Justicia defendió la sentencia de Montes, calificándola de razonable en procedimiento y contenido. Según Gants, el tribunal evaluó todos los factores pertinentes antes de imponer una pena inferior a la máxima permitida, dentro de un rango considerado justo.
En 2024, Charbonier fue sentenciada a ocho años de prisión y Montes a cuatro años y nueve meses de cárcel.
