El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) respaldó el proyecto que busca devolver a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo en Puerto Rico, aunque defendió mantener una entidad consultiva que ofrezca análisis económicos para sustentar futuras decisiones.
Actualmente, esa función recae en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo (CESM), creada por la Ley 47 de 2021, que además tiene la autoridad exclusiva para establecer el salario mínimo en la isla. El DTRH planteó que la Ley debe enmendarse para limitar el rol de la CESM a realizar estudios técnicos y emitir recomendaciones a la Legislatura, según una ponencia del procurador del Trabajo, Reynaldo Santiago, firmada por la secretaria de la agencia, María del Pilar Vélez.
El Proyecto de la Cámara 1115, impulsado por el presidente de la Comisión de Trabajo, Roberto López Román, procura agilizar los procesos de revisión salarial. Sus críticos advierten, no obstante, que representaría un retroceso. Antes de la Ley 47, pasaron 13 años sin ajustes al salario mínimo. Con su aprobación, el salario subió a $8.50 la hora en 2022, a $9.50 en 2023 y a $10.50 desde el 1 de julio de 2024, este último con la confirmación de la CESM.
Organizaciones del sector empresarial apoyaron la propuesta, argumentando que la Comisión no cuenta con funcionarios electos ni con una representación adecuada del sector patronal y que opera con vacantes persistentes. “Independientemente de lo que cada cual piense sobre la conveniencia o no de aumentar el salario mínimo, la Comisión creada por la Ley 47 no es un mecanismo adecuado para tomar esas determinaciones que impactan a toda nuestra economía”, expresó Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico.
La ponencia firmada por Cidre fue respaldada también por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Cámara de Comercio, la Asociación de Comercio al Detal, la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Constructores, la Asociación de Bancos y la Asociación de Hoteles y Turismo.
Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, sostuvo que la Comisión es “imposible de balancear”, señalando que una de las sillas patronales la ocupa un economista de la Universidad de Puerto Rico. “En papel no nos representa”, afirmó. Añadió que, por diseño, el organismo está “inclinado hacia un lado”.
Al presente, la CESM cuenta con solo tres integrantes de siete posibles. El portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, recordó que según la Ley 47, las asociaciones empresariales son las que deben recomendar al Ejecutivo a sus representantes. Aunque las entidades afirmaron haber hecho recomendaciones a la gobernadora Jenniffer González, Ferrer Santiago respondió: “No es una falta de ejecución de la Comisión, sino de la gobernadora, al no enviar los nombramientos al Senado”. Advirtió además que devolver esta potestad a la Asamblea Legislativa podría convertir el salario mínimo en un “balón político” que termine estancando futuros aumentos.
