Ni el padre ni el hermano de la secretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, comparecieron ante la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, que investiga presuntas irregularidades en la venta de marbetes. Ambos familiares son administradores de Yabucoa Auto Service, centro de inspección que permaneció bajo el nombre de la funcionaria hasta diciembre pasado.
El presidente de la Comisión, el representante José “Cheíto” Hernández, informó que los citados se excusaron alegando que no querían interferir con la investigación paralela que realiza el Departamento de Justicia. Sin embargo, explicó que la justificación no fue aceptada. “No comparecieron. Se excusaron porque están dándole espacio a la investigación de Justicia. Aun así, nosotros le contestamos que no estaban excusados, al igual que a los demás seis que no vinieron en el día de hoy”, dijo Hernández.
El legislador adelantó que la próxima semana volverán a emitir citaciones tanto a los familiares de Pérez Peña como a los dueños de los otros seis centros de inspección ausentes. Advirtió que, de no acudir, recurrirá a los mecanismos que dispone el reglamento de la Cámara, incluyendo el apercibimiento de desacato. En ese caso, la Comisión podría acudir a los tribunales a través del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.
Yabucoa Auto Service pasó en diciembre pasado a la corporación Yabucoa Auto Service LLC, presidida por Noel Pérez Martínez, padre de la secretaria. Según el programa televisivo “Los datos son los datos” (WAPA), el establecimiento habría emitido más de 1,900 marbetes fraudulentos, por lo que fue multado con $987,500, monto que supuestamente se transó por $5,000.
La vista ejecutiva formó parte de la investigación de la Comisión de Transportación, que citó a diez propietarios de centros multados por la presunta emisión de marbetes ilegales. José “Cheíto” Hernández indicó que la información recopilada será comparada con la provista por el Departamento de Hacienda.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara, Denis Márquez, cuestionó la naturaleza privada del proceso. “No entiendo por qué esto tiene que ser una vista ejecutiva que, obviamente, nos limita por las reglas de la Comisión, que nos impone un nivel de confidencialidad”, expresó. Añadió que “mucha de esta información es pública y todo el mundo está interesado en la responsabilidad de la secretaria de la Vivienda con un negocio del que no renuncia hasta diciembre de 2025”.
