Tras casi una década sin oír la palabra “desalojo”, Laura Lasanta volvió a enfrentar esa amenaza en febrero, cuando la abogada María del Pilar Rodríguez, del Departamento de Justicia, solicitó a la jueza María Díaz Pagán fijar una fecha para que abandonara su hogar. La maestra retirada es la última residente de la calle Iglesias, en Santurce, una comunidad desmantelada tras un proceso de expropiación forzosa.
Aunque la vivienda está expropiada desde 2003, Lasanta nunca cobró el dinero depositado por el gobierno, optando por permanecer en el lugar. En octubre de 2023, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), titular de la propiedad, le envió una carta garantizándole que no sería desalojada mientras continuara habitando la residencia, según firmó entonces su directora ejecutiva, Blanca Fernández González.
Sin embargo, ahora el gobierno cuestiona la autoridad legal de Fernández González para emitir dicha carta, explicó su abogada, Alicia Díaz. La jueza otorgó 30 días al Departamento de Justicia para exponer su posición y otros 30 para que Lasanta responda. El caso se discutirá el 19 de mayo.
La AFV se limitó a indicar que no ofrecerá más comentarios mientras el litigio esté activo. Por su parte, el Departamento de Vivienda remitió las preguntas al Departamento de Justicia.
Actualmente, el predio donde se encuentra la casa de Lasanta forma parte de un parque administrado por la empresa Putnam Bridge bajo un contrato de 30 años. “Siempre hemos apoyado a Laura. Ella sabe que queremos que la dejen tranquila, que viva en su casa”, expresó Joel Peña, jefe de operaciones de la compañía.
La representante legal de Lasanta, adscrita al Centro para la Reconstrucción del Hábitat, cuestionó el propósito público de la expropiación, pues el parque se construyó manteniendo la estructura en su lugar. Según una moción del propio gobierno, si la propiedad no se usa para el fin público previsto, “no sería necesario mantener el proceso de expropiación”.
Díaz aseguró que intentó llegar a un acuerdo con Justicia antes de que se solicitara el desalojo. Mientras tanto, Lasanta revive los traumas familiares del desplazamiento de San Mateo, que afectó gravemente la salud de sus padres y su hermana.
“Si el gobierno me dijera que me devuelve a mi papá, a mi mamá con salud y a mi hermana a cambio de la casa, aceptaría. Pero como eso no va a pasar, no me interesa”, expresó con firmeza la maestra retirada.
Isabel Pineda, exvecina y amiga, la acompaña en su lucha. “Es una poca vergüenza, porque esta casa no le molesta a nadie. Cuando los intereses son grandes, el pequeño tiene que pelear”, afirmó.
Según Díaz, la Ley de Expropiación Forzosa no contempla el impacto humano de sacar a alguien de un hogar con raíces profundas. La abogada señaló que, aunque uno de los compromisos programáticos de la gobernadora Jenniffer González es otorgar títulos de propiedad, esa misma administración impulsa el desalojo de Lasanta.
A pesar de todo, la educadora mantiene su espíritu firme. Se alegra de que otras comunidades reciban sus títulos, pero advierte: “Me entristece porque les puede pasar lo mismo que a mí. Yo tenía título de propiedad aquí”.
