A la espera de que la Cámara de Representantes retome su pesquisa sobre supuestas irregularidades en la venta de marbetes, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitó a cinco dependencias públicas entregar, en un máximo de 48 horas, copias de todas las facturas relacionadas con los contratos de servicios profesionales del exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía.
El requerimiento fue dirigido a los departamentos de Educación y de la Familia, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. En algunos foros, Sagardía ha sido identificado como abogado de Ciary Pérez Peña, secretaria del Departamento de la Vivienda, cuyo nombre surgió en el escándalo por la venta de marbetes en el centro de inspección de su familia.
Sagardía rechazó en redes sociales ser el representante legal de Pérez Peña al señalar que, de serlo, lo habría informado públicamente. Explicó que sus expresiones anteriores se dieron en su carácter de exsecretario de Justicia.
El intercambio entre Rivera Schatz y Sagardía subió de tono tras entrevistas radiales por separado. Rivera Schatz criticó el manejo gubernamental de la controversia y sugirió fallas de “proyección” que afectan a la administración de Jenniffer González. Dijo que “esas circunstancias no son buenas para ningún gobierno”.
Sagardía respondió recordando que Rivera Schatz respaldó al exsenador Héctor Martínez durante su proceso judicial federal. “A los amigos, uno los apoya en las buenas y en las malas”, comentó. Rivera Schatz, luego, replicó en NotiUno que Sagardía debía concentrarse en sus funciones en lugar de “politiqueando por las emisoras en horas laborales”.
El secretario de Educación, Eliezer Ramos, confirmó que su agencia recopilará y entregará la información solicitada, indicando que Sagardía lleva años brindando servicios legales allí, enfocados en políticas públicas y verificación de legalidad. Mientras, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, expresó que las agencias deben cumplir con el requerimiento legislativo como parte de su deber.
En paralelo, la Cámara citó a diez dueños de centros de inspección, sancionados por emitir presuntamente marbetes ilegales, a comparecer ante la Comisión de Transportación. Entre ellos figura Yabucoa Auto Services, negocio que hasta diciembre pertenecía a Pérez Peña y que, según el programa “Los datos son los datos” (WAPA), habría emitido más de 1,900 marbetes fraudulentos. La multa original de $987,500 se habría transado por $5,000.
El representante José “Cheíto” Hernández, quien lidera la investigación, adelantó que la información obtenida se comparará con los datos del Departamento de Hacienda. A su vez, Domingo Torres, portavoz alterno del Partido Popular Democrático, defendió la obligación legislativa de investigar y garantizó que habrá medidas para proteger a quienes comparezcan.
Arturo Deliz Vélez, funcionario del Departamento de Transportación y Obras Públicas que investigó las presuntas irregularidades en Yabucoa Auto Services, también solicitó presentarse ante la comisión. La vista se celebrará a puerta cerrada a las 10:00 a.m.
