El Departamento de Justicia (DJ) notificó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que necesita una extensión de 90 días naturales para continuar la investigación preliminar sobre presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes en Yabucoa, relacionadas con la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.
La jefa de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), Sonia Martínez, explicó que el plazo de 90 días, establecido por la Ley del PFEI, es parte del debido proceso y se utilizará para realizar una evaluación responsable. La pesquisa se centra exclusivamente en las alegaciones contra Pérez Peña, tanto antes como durante su función en la agencia.
Martínez enfatizó que la DIPAC solo investiga actuaciones de funcionarios públicos, mientras que otros señalamientos sobre centros de inspección serán atendidos por las fiscalías correspondientes. Añadió que el equipo está recopilando evidencia documental y testifical adicional, e incluso prevé entrevistar funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, señaló que los 15 días iniciales no eran suficientes para concluir la querella presentada por los representantes populares Ramón Torres y Swanny Vargas. “Nosotros, responsablemente, en 15 días no podemos culminar esta investigación”, expresó Gómez, quien insistió en la importancia de realizar un proceso exhaustivo y transparente.
El Departamento de Justicia aclaró que la determinación de “causa para investigar” no implica que existan delitos, sino el cumplimiento de su obligación ministerial de evaluar información juramentada sobre posibles violaciones a la ley.
La gobernadora Jenniffer González, por su parte, reiteró que no ha intervenido en la investigación y afirmó confiar en que el DJ manejará el caso con rigor. “Justicia tiene todos los mecanismos para hacer la investigación de rigor”, sostuvo la mandataria durante una conferencia de prensa.
En declaraciones escritas, Pérez Peña indicó que continuará colaborando con cualquier proceso y reafirmó su confianza en que las evaluaciones se realicen con transparencia y conforme a derecho.
El representante Torres consideró que el curso tomado por Justicia demuestra que la funcionaria está siendo investigada formalmente. “Podemos concluir que la secretaria de la Vivienda está siendo investigada criminalmente por el Departamento de Justicia”, expresó.
Mientras, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtió en redes sociales sobre el “precio político” del caso, independientemente del resultado final. A su juicio, incluso una eventual exoneración podría implicar un costo político alto para la gobernadora y su administración.
La pesquisa continuará dentro del nuevo periodo concedido, tras lo cual Justicia someterá su informe al PFEI, que decidirá si designa o no un fiscal especial independiente para atender el caso.
