Ante los retrasos en el desembolso de fondos federales para la reconstrucción, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera presentó este lunes el proyecto de ley “Disaster Aid Without Delay Act of 2026” (Ley de ayuda sin demora en caso de desastre de 2026). La medida busca eliminar el requisito impuesto por la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que obligaba a la aprobación de la jefatura de esa agencia para todo proyecto de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) cuyo costo superara los $100,000.
Según Hernández Rivera, esa política —implantada por Noem y revocada la semana pasada tras su destitución por el presidente Donald Trump— ha retrasado significativamente la distribución de fondos de asistencia posdesastres a Puerto Rico, impactando obras vinculadas a los daños del huracán María (2017), los terremotos de 2020 y el huracán Fiona (2022).
“Este proyecto revocaría la autoridad de la secretaria y evitaría que cualquier futuro secretario pueda imponer una cantidad arbitraria para revisar proyectos que estén autorizados específicamente bajo el Stafford Act”, explicó el comisionado durante una conferencia de prensa en Washington, D. C.
Aunque la gobernadora Jenniffer González anunció recientemente la aprobación de más de $1,100 millones en fondos de FEMA para la reconstrucción, Hernández Rivera sostuvo que, según informes federales, la política de Noem habría retenido o demorado hasta $17,000 millones en fondos.
Entre los proyectos aún afectados en Puerto Rico, el funcionario mencionó la reconstrucción del cementerio municipal de Lares, con una inversión estimada de $120 millones; el coliseo Héctor Solá Bezares, en Caguas, con un costo superior a los $20 millones; y el puente Magos Calabaza, en la carretera PR-438, en San Sebastián, que espera casi $5 millones en financiamiento.
“Proyectos como este dependen de que los fondos federales aprobados puedan desembolsarse sin retrasos innecesarios”, indicó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, en declaraciones escritas distribuidas por la oficina del comisionado. Los alcaldes de Lares, Fabián Arroyo, y de San Sebastián, Eladio Cardona, coincidieron en la urgencia de aprobar la legislación para permitir el avance de las obras en sus municipios.
Hernández Rivera explicó que la medida será evaluada por el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal, responsable de supervisar a FEMA, y adelantó que ya cuenta con el respaldo de 12 coauspiciadores.
El comisionado aprovechó para exhortar a los municipios y organizaciones sin fines de lucro a participar en el proceso anual de solicitud de fondos ante el Congreso. Indicó que este año algunas peticiones deberán canalizarse a través de los gobiernos municipales, y recordó que la fecha límite para someter propuestas es el 11 de marzo a las 5:00 p.m.
